La última vez que se tuvo noticia del soldado Javier Steven Sánchez Beltrán con vida fue el 16 de agosto de 2021. Ese día el jóven regresó al Batallón de la Escuela Logística San Cristóbal Sur con la ilusión de que en unos días cumpliría un año más en el Ejército y recibiría un dinero con el que iba a comprar un celular. Precisamente, fue hablando por teléfono la última vez que sus compañeros lo vieron con vida. Estaba de guardia entre las 7 y las 10 de la noche, le pidió a uno de sus amigos prestado el celular para hacer una llamada, lo regresó y desde ese momento su rastro se perdió en el espacio cerrado y vigilado del batallón, en el sur de Bogotá.
Al siguiente día pasó lo impensable. Un subteniente de apellido Molina y un sargento Ramírez llamaron a los padres del joven soldado, Angie Carolina Beltrán y Juan Javier Sánchez, y les notificaron que el muchacho había “desertado” de la unidad militar y que requerían información sobre su paradero. De inmediato la familia se alarmó. El sábado anterior, 14 de agosto, Javier Steven había estado compartiendo con la familia y en la tarde regresó a la guarnición para reincorporarse al servicio. Los padres hicieron preguntas, negaron que su hijo tuviera planes de deserción y empezó el calvario que hoy, más de un año después, no termina.
A los tres días de no tener noticias claras de Javier, doña Angie y don Juan acudieron a la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para activar los protocolos de búsqueda de una persona desaparecida. Los días pasaron y no había rastro, la desesperación se tomó cada rincón de la casa, de la familia, y entonces acudieron a la línea de emergencia 123 para saber en qué iba la búsqueda. Pero lo que encontraron fue una sospechosa negligencia o, en el peor de los casos, pistas de un intento por desaparecer las huellas de Javier. Del otro lado del teléfono les informaron que no había activo ningún protocolo de búsqueda ni la denuncia por desaparición, que ellos mismos habían interpuesto.
La familia de Javier, ya en los límites de la angustia y la zozobra, inundó de carteles el barrio, las redes sociales y armaron un grupo de búsqueda con amigos y familiares. Tres jornadas alcanzaron a realizar por los bordes del río Fucha hasta que encontraron lo que una mamá sentía que encontrarían: el cuerpo de Javier Steven fue hallado, a pocos metros de la entrada al batallón, en alto grado de descomposición. Fue el 4 de septiembre, ya habían pasado casi 20 días desde su desaparición. Entonces la cosa tomó el rumbo de los presentimientos. Mil preguntas: ¿qué habría pasado?, ¿lo mataron?, ¿se suicidó como tratan de decir sus superiores en el batallón?
Entonces a la familia le tocó ponerse en el rol de investigar. Hacer lo que las autoridades no hacen o no quieren hacer: abrir un proceso contra los uniformados al mando del joven Javier, llamar a declarar a los compañeros y amigos. En esa tarea han encontrado cosas; por ejemplo, una riña que Javier había tenido con otro soldado de apellido Castillo; también oyeron de los susurros en voz baja, rumores de encubrimientos y manipulación de pruebas, de paredes que bloquearan la verdad y desviaran la investigación. Y así se fue un nuevo año, nadie dice nada, la Fiscalía ya deja ver el sesgo con el que asume las investigaciones contra uniformados: nunca envía los casos a los fiscales especializados en derechos humanos, dilata las diligencias, no realiza los interrogatorios y, con serenidad, como las aguas del río Fucha, espera que el tiempo se lleve las pistas que permitirían conocer la verdad. En el fondo sabe que si remueven mucho, encontrarán lo mismo que baja por el río: la podredumbre al interior de los batallones donde los jóvenes pobres de este país presentan su servicio militar obligatorio. Ese que esperamos que pronto se acabe, para darle paso a un servicio social que permita una fuerza pública transparente y digna, donde los homicidios no se presenten como suicidios, ni las ejecuciones sumarias como falsas bajas en combate.
