Mientras el país político tiene sus expectativas puestas en el cambio de gobierno, en la salida del gris presidente Duque y su cuadrilla de mediocres o en la llegada de Petro y los nombres de su gabinete, en un rincón del Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar no hay tiempo para las frivolidades. Allí la guerra se vive intensamente, sean elecciones o Semana Santa. Allí sus pobladores están ensanduchados por la balacera cruzada entre el Eln, las disidencias, las Agc y la fuerza pública. La situación no es nueva, pero sí cada vez más grave, a tal punto que no existe un mejor escenario para implementar la política de paz total que esta zona.
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La región es un estratégico corredor de la economía ilícita. Por allí pasan la coca que se cultiva en Antioquia y los Santanderes para sacarla por el golfo de Morrosquillo, siempre con el apoyo logístico del ejército. Por allí también entran las armas que alimentan la balacera y es el oasis de la minería ilegal. El Bagre, Nechí, Remedios y Cáceres están sostenidos sobre los entables de oro que montaron los paras de Cuco Vanoy tras la desmovilización para lavar sus culpas y la plata que les quedó del negociado a puerta cerrada con Uribe. Así es como el paramilitarismo en el Bajo Cauca se mantuvo incólume, apenas con un cambio de brazalete y algunos hombres nuevos, pero la misma táctica, exacta barbarie e idéntica crueldad.
Ahora, a una semana del traspaso de mando presidencial, la cosa está trágica. El Eln y las disidencias vienen peleándose el control de la zona con la barbarie de siempre: asesinatos ejemplarizantes, desplazamientos, minas antipersona y hasta carnetizando a las personas que consideran amigas de su causa. De otro lado, siempre juntos, los paras y el ejército hacen lo propio. Unos matan, amenazan, despellejan, violan; mientras los otros cubren, respaldan, protegen y cobran. Y en la balacera cruzada siempre está la gente. La semana pasada el epicentro de los combates fue la zona rural de Remedios, donde fueron asesinados dos indígenas ecuatorianos: Franklin Armando Tocagón, de 26 años, y Miguel Quilumbaqui Sanchela, de 70 años, quien en su condición de sordo fue apenas un testigo mudo del horror.
Desde 2019 la Defensoría del Pueblo viene alertando sobre la crisis humanitaria de la zona. Su más reciente advertencia es del 17 de julio de este año. En ella hace público el riesgo en que viven 1.800 personas. “Hoy nos encontramos en otra encrucijada ante la amenaza renovada de los paramilitares que siguen llegando desde el Nudo de Paramillo a las zonas del Bajo Cauca, y desde allí se desplazan al nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Es esta dinámica de reposicionamiento de los paramilitares del llamado Clan del Golfo la que llevó a la ocupación en los últimos meses del caserío de Puerto López y de las veredas aledañas”, relata la gente y consigna la Defensoría, que registra el asesinato de cuatro personas de la comunidad en dos semanas.
El año pasado Indepaz registró 14 masacres en Antioquia, de las cuales tres fueron en Cáceres, tres en Caucasia y dos en Tarazá. En lo que va de 2022, se tiene noticia de seis masacres en este departamento, una de ellas en Remedios. Allí la violencia está desatada y a pesar de todo la gente resiste. Organizaciones sociales de Medellín, entre ellas Cahucopana, están preparando una acción humanitaria para acompañar la instalación, este miércoles, de un refugio humanitario. Van a movilizarse para acompañar a la gente a un lugar seguro, donde con suerte puedan al menos ver la posesión del presidente Petro, en quien esta gente tiene depositadas las esperanzas de que lleguen los diálogos de paz regionales y ojalá un acuerdo de paz total, porque el Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar son el escenario de una guerra reciclada donde cada vez más actores, con menos ideología, se disputan la gente y la riqueza de esta tierra.
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Finalmente cesó la horrible noche: acabó el gobierno de Iván Duque. Ojalá que antes de irse al desprestigio que le espera como expresidente no pueda adjudicar a la brava el Canal del Dique.
