El Bombita que llevamos dentro

Viviana y Santiago tienen una bebé de diez meses. Violeta nació cuando la pandemia apenas despuntaba y ha tenido poco contacto con personas distintas a sus padres. El 80 % de su tiempo en este planeta lo ha vivido en un apartamento. Por eso decidieron salir en familia a buscar aire fresco y un poquito de monte a La Calera.

Iban contentos. Cielo azul y sol de verano. Casi vacaciones. Pasando el peaje, un policía les hizo una seña para que se detuvieran. Viviana acudió al llamado y le entregó los papeles solicitados. Licencia de conducir, tarjeta de propiedad del vehículo, seguro obligatorio, todo al día. El policía se relamió y con una sonrisita preguntó: ¿Y la revisión tecnicomecánica?

Viviana se preguntó por qué no tenía ese documento y respondió que el carro, por lo nuevo, nunca había requerido ese papel. “Mi señora —dijo el agente recostando su brazo gordo en la ventana del carro—, eso es para los vehículos de menos de cinco años. Este ya tiene más”. Viviana miró a Santiago mientras hacía cuentas en su cabeza. Sí, tenía razón. El policía sabía que, usualmente, después de que un ciudadano le da la razón le ruega para que no aplique la ley, y él improvisa el numerito que se ha aprendido en tantos años de mal sueldo: “Mi señora. El carro le queda inmovilizado”.

Viviana sabía qué esperaba el agente, pero miró a Santiago y se convenció de que no cedería a la propuesta de soborno. El policía esperó paciente, con el código en la mano, y agregó para meter presión: “Esa infracción le va a salir cara, mi señora, pero no se puede hacer nada. El vehículo irá a los patios, como tal”. La bebé empezó a llorar y Viviana trató de ablandar al policía. Al final, resignados, se bajaron del carro. El agente redactó la multa y la inmovilización.

Como era fin de semana, Viviana sabía que solo podían empezar el papeleo el lunes. Ese día llegó muy temprano al tránsito de La Calera, vio la larga fila para el curso que rebaja a la mitad la multa y, para evitar la COVID-19, con la ilusión de ponerle fin al incidente, decidió pagar la tarifa sin descuento. Pero, cuando se acercó a los patios para recoger el carro, le notificaron que la pesadilla acababa de empezar.

El funcionario de tránsito le explicó que no podía llevarse el carro porque en el sistema aparecía una fotomulta por exceso de velocidad en Arjona, Bolívar. Viviana recordó las vacaciones a la Costa del año pasado. Buscó pagar la infracción en línea, pero no pudo. Llamó a la Secretaría de Tránsito y le explicaron que debía ir directamente al municipio, porque no tienen sistema para pagar por internet. Después de dos días, logró que un amigo fuera hasta Arjona donde, tras medio día de filas, le explicaron que no recibían pagos allí y le dieron un pin para pagar en un banco. Pero, como en Arjona no hay banco, le tocó ir a Turbaco, donde finalmente logró pagar. El “paz y salvo” solo le llegaría a su correo electrónico cinco días después.

Con este papel en la mano volvió a La Calera. Para ese entonces ya había pagado la grúa que llevó el carro a los patios, la multa de ese sábado, el parqueadero y la multa de Arjona. Y, cuando por fin iba a recuperar el carro, un funcionario le advirtió que debía sacarlo en la grúa del municipio, a menos que hubiera traído la suya personal, y que eso valía: $50.000. Ella reclamó furiosa. El funcionario dijo sin inmutarse: “La ley es la ley”. Viviana puteó para sus adentros, discutió e hizo cuentas: el paseo de fin de semana (el segundo de todo el año) le costó casi dos millones de pesos. Al final, se montó a la grúa y simuló con cinismo trágico manejar esos metros mientras mentó al santo de los infractores: el ingeniero Bombita, el protagonista de la película argentina Relatos salvajes que, en un acto de dignidad y justicia, dinamitó un día la oficina del tránsito.