La condena de un musulmán preso

En noviembre de 2010, Medellín y el Valle de Aburrá vivían el clímax de la guerra sicarial entre dos combos que se disputaban el control de las comunas y el cartel de la llamada Oficina de Envigado. Una guerra que enfrentó a alias Sebastián y alias Valenciano, que dejó más de 4.200 homicidios ese año. Una generación de vidas perdidas y de violencia que marcó la capital paisa. Por esos días, Juan Gonzalo Gañán Sánchez tenía 29 años, una hija y la muerte al hombro, al tomar partido en la controversia armada que se resolvía a roquetazo limpio de una casa a otra. Estudiaba décimo semestre de Psicología en la Universidad de Antioquia, había leído algunos apartes del Corán y ya presentía su muerte. En una noche de angustia, al filo del abismo, le pidió a Alá tiempo de vida. Su rezo tomó esos caminos inesperados que toman las oraciones y el 27 de noviembre fue capturado cuando huía luego de participar en un doble homicidio y en el secuestro de un taxista y su vehículo.

“Le pedí vida a Alá y me la concedió. Sé que cometí un delito. Tengo que pagar lo que hice, así lo quiso Alá. Nunca he dicho que mi condena, a 50 años de prisión, es injusta, lo único que pido es que me respeten mi creencia”, explica desde el penal de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, adonde llegó después de diez años de peregrinaciones por penales colombianos donde nadie lo quiere para no tener que cumplir la orden de la Corte Constitucional que falló una tutela a su favor y ordena el respeto a sus prácticas religiosas. “Cuando llegué a la cárcel ya me había entregado al islam, pero no lo practicaba con la devoción que exige. Vinieron días de mucho sufrimiento, del dolor que puede sentir quien a sus 30 años le esperan 50 de condena. En mi tormenta interior, Alá me ha impulsado a un camino de transformación acorde con mi condición de persona en proceso de resocialización. Sin embargo, mis creencias se han enfrentado al Estado colombiano, que me ha obligado a luchar diez años para defender mis convicciones religiosas, que a la vez me permiten sobrellevar la vida en prisión y sostienen mi rechazo a la violencia”, me cuenta Juan.

Su lucha es la materialización de uno de los principios que definen nuestra factura constitucional: un Estado laico que “garantiza la libertad de cultos” y en el cual “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Palabras que suenan justas, pero que se han convertido en una utopía para Juan. “Cuando entré a la cárcel fue muy duro. Yo leí el Corán y empecé a practicarlo a pesar de la reiterada negativa de las entidades penitenciarias para permitirme una de las prácticas básicas: la alimentación. Cuando caí preso pesaba 90 kilos, pedía en las cuatro cárceles en las que he estado que me respetaran mi alimentación y mis horarios de oración, y eso se ha convertido en mi viacrucis. Me llegaba la comida revolcada, mezclada con cerdo o carnes sin desangrar. En los días del ramadán, ni hablar. Tanto, que llegué a pesar 55 kilos. Duré un año sin recibirle comida al Inpec, viviendo de mecato, queso y agua que me conseguía”, relata.

Luego de varios intentos desoídos por juzgados y tribunales, en 2014 la Corte Constitucional falló una tutela que protege los derechos de Juan y un grupo de nazarenos que estaban en Jamundí. “El ramadán es lo más complicado, es un encuentro fuerte con uno mismo, con la paciencia, con valores no muy ejercitados en nuestra cultura. Yo escogí el islam para cambiar mis conductas mal adaptativas, no evangelizo a nadie, pero nunca me la han dejado fácil. Me he ganado mis bolillazos y castigos, negativas de permisos para ir al médico, de gozar de los espacios de esparcimiento o de redención de penas. Y todo por mis creencias. Lo ven como rebeldía, me hacen chistes y los derechos que me concedió la Corte no se cumplen. En este momento llevo 96 horas sin recibir alimentos. Si no respetan mis creencias, renuncio a la comida. Siento que me han tratado con mucho odio. He entrado en duras crisis por cuenta de defender mis prácticas religiosas. No le hago daño a nadie, no hablo de los contratos millonarios y la corrupción del Inpec, no volví a la violencia. Solo gasto tiempo cultivando mis creencias. Llevo 11 años peleando y nadie puede decir que busco beneficios. Esto no es mentira. Ha sido una lucha por el reconocimiento de las diferencias religiosas y voy a seguir dándole batalla al Estado colombiano, que se niega a cumplir la ley”, recita Juan con la convicción de que luchar por sus derechos es una manera de dignificar su tiempo de condena, aunque muchas autoridades del país crean que por haber delinquido no tiene derechos.