La deuda ambiental de la Drummond

Los pendientes de la multinacional minera Drummond en los estrados judiciales son tantos, que no cabrían en un carguero como los que la compañía utiliza para sacar el carbón térmico que lleva explotando más de 30 años en Colombia y que hoy la tiene como la quinta empresa más poderosa del país. A pesar de los testimonios y las evidencias que relacionan a la empresa con grupos paramilitares y con asesinatos de varios dirigentes sindicales, los expedientes de la compañía siguen recogiendo polvo. Una gruesa capa de polvillo de carbón que oculta su responsabilidad en lo ocurrido en el corredor minero que pasa por el Cesar y La Guajira. Uno de esos pendientes de la compañía norteamericana está en manos de los jueces de restitución de tierras, quienes fallaron en contra de la minera y le ordenaron restituir un predio, pero lo que entregó no fue la fértil finca campesina sino un hueco con una enorme piscina de residuos tóxicos y una montaña de tierra removida con residuos de carbón.

El caso documenta el despojo del que fue víctima la familia Mesino Orozco, propietaria desde 1971 de la finca Campo Florido, la cual le fue adjudicada en desarrollo de la reforma agraria al señor Pablo Orozco Mesino. Es una parcela de poco más de 39 hectáreas ubicada en la vereda El Platanal, del municipio de Agustín Codazzi, en el norte del Cesar. Cultivaban maíz, yuca, auyama, fríjol y ajonjolí. Con el tiempo y un préstamo de la Caja Agraria le metieron ganado y gallinas. El señor Orozco murió en febrero de 1997 y su esposa e hijos quedaron en la tierra.

Por los mismos tiempos en que murió el señor Orozco, la familia empezó a sufrir los embates de la guerra. La violencia de los años 80 y mediados de los 90 estuvo dominada por las guerrillas, principalmente por el ELN, el EPL y las FARC, quienes se dedicaron a los secuestros y las extorsiones. Producto de esta situación, los ganaderos y empresarios de la zona encontraron en los paramilitares la mejor manera de defender sus intereses. Y fue así como llegaron las Autodefensas del Sur de Cesar (AUSC) y las Autodefensas de Santander y Sur de Cesar (Ausac), las cuáles se unificaron en las AUC, cuyo comandante terminó siendo Jorge 40, hijo de una de las familias ilustres y quien se niega a aportar la verdad sobre el paramilitarismo en esta zona, con lo que encubre a empresas y encopetados ganaderos.

En este contexto, la familia Mesino empezó a sufrir la violencia paramilitar. Le invadían la finca, le robaban el ganado, los desplazaron, les mataron dos integrantes y al tiempo una amigable vecina les ofrecía comprarles la finca. La buena samaritana se llama María de Jesús Pérez de Canales y las autoridades indagan si esta mujer cumplió un rol similar al de Sor Teresa Gómez en el proyecto paramilitar, al articular el proceso de despojo, adquisición de tierras y posterior venta a poderosas empresas. En el caso de Campo Florido, la justicia determinó su responsabilidad en el aprovechamiento del contexto de violencia paramilitar. Ella le compró en 2003 a la familia Mesino Orozco, desplazada de la finca desde 2001, y posteriormente, en 2013, le vendió a la minera estadounidense.

El asunto terminó en que esta compañía compró un predio fruto del despojo y que no realizó las diligencias suficientes para verificar la tradición de la finca. De alguna manera tapó la sangre regada sobre el predio con residuos de tierra y carbón. Pero lo grave de la situación es que, ordenada la restitución de tierras, la compañía entregó un pasivo ambiental que nadie sabe cómo manejar y cabe preguntarse si la ANLA va a tomar decisiones sobre el asunto, pues son los llamados a garantizar el respeto ambiental y a la vez la autoridad que permite la continuidad de la actividad de explotación carbonera.

A la familia Mesino Orozco se le debe compensar con otro predio, la señora Canales debe reparar a las víctimas con una compensación monetaria y la minera, oronda como siempre ante sus responsabilidades, le entregó al Estado un morro de tierra removida y contaminada con carbón y una piscina de dársenas, que son residuos de material estéril, es decir, veneno puro y duro. Así las cosas, la Unidad de Restitución de Tierras está buscando caminos para que la Drummond repare el pasivo ambiental con el que enchicharronaron al Estado, tras 20 años de explotación carbonera y de burlas a las víctimas.