La quebrada que una constructora busca desaparecer

Sobre la sabana de Bogotá se cierne una terrible amenaza. Los intereses urbanísticos, en los que resultan beneficiados poderosas constructoras y funcionarios corruptos, tienen sus ojos clavados en la cuenca del río Bogotá. Una visión que compromete a miles de quebradas, nacederos de agua y ríos de municipios como La Calera, Chía, Sopo, Tenjo o Cota, así como del propio Distrito Capital. Uno de los cuerpos de agua que obstaculizan sus sueños millonarios es un canal de origen, ubicado en el llamado “Polígono de expansión urbana N° 2″, en un sector conocido como La Virgen, en el municipio de La Calera, que la Corporación Autónoma Regional (CAR) bautizó La innominada. Su existencia tiene en jaque a un conjunto de ocho torres de cinco pisos cada una, por lo que desde hace varios años han intentado desaparecerla de la cartografía hídrica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y así manipular los estudios ambientales con los que logran pasar de los planos al ladrillo.

El problema que ha tenido la constructora Arquitectura y Concreto es que dio con un colombo-español acucioso y combativo que se ha puesto a la tarea de defender la existencia de esa quebrada y exigir su reincorporación a los mapas del municipio. Se trata de Máximo González, un ingeniero eléctrico de 60 años que está desde 2011 dando una pelea jurídica y técnica, y asegura que para darle vida a este proyecto han acudido a artimañas bajas, desleales y hasta ilegales.

Hace diez años lo invitaron, junto a otros vecinos del sector, a una jornada de socialización del proyecto. “Cuando fuimos a mirar habían desaparecidos los nacederos y las quebradas. Empezamos a indagar y nos dimos cuenta de que en los mapas del IGAC estaban identificadas las fuentes, así fue como iniciamos acciones legales. El proceso en la Fiscalía empezó a dormir el sueño de los justos y finalmente se archivó. A los seis meses me enteré y acudí a la Procuraduría, que solicitó desarchivar el proceso y ordenó a la CAR elaborar un estudio técnico con verificación en terreno. El resultado fue que efectivamente se certificó la existencia de esta quebrada y la de otros nacederos. Desde ahí vino una larga lucha de radicados y diligencias. Mientras tanto, vemos que la constructora avanza en su proyecto, realiza construcciones de los modelos y recibe interesados en su sala de ventas. También elaboró un concepto técnico manipulado, en el que desconoció la existencia de la quebrada”, dice Máximo.

Un exfuncionario que conoce las entrañas de la operación, quien prefiere reservar su identidad, refiere al respecto: “Las cuencas de aguas de este sector estaban en la cartografía hídrica desde la fundación del IGAC en 1935. Sin embargo, los intereses de las constructoras han acudido a su saqueo para concretar sus negocios. Se roban los ríos, los desaparecen, para así presentar los estudios ambientales con los que sacan sus permisos de construcción. Es una práctica que ejecutan apoyados en una red de concejales, alcaldes, funcionarios de la CAR, procuradores ambientales y veedores municipales. La corrupción es el buldócer con que se dedican al volteo de tierras en los planes o esquemas de ordenamiento territorial”.

Esa es la razón para que Máximo viva pendiente de la cartografía del municipio, del IGAC y de la CAR, para que no desaparezca esta quebrada, pero siguen intentando. Por ejemplo, en 2018, utilizando un informe que habría sido manipulado por la constructora y certificado por la CAR, la exalcaldesa Ana Lucía Escobar, a última hora de su administración, aprobó el plan parcial para empezar la construcción del proyecto. En marzo de 2021, por orden de la Procuraduría, la CAR hizo una visita de campo que ratificó la existencia de esta quebrada y otros recursos hídricos, y pidió no considerar el informe que firmó a último momento la exalcaldesa Escobar. Máximo cuenta que el problema no acabó ahí, porque hace unos días el mismo director de Recursos Hídricos de la CAR volvió a utilizar el informe de la constructora e hizo sacar nuevamente a la quebrada de la cartografía del IGAC.

Sobre la sabana de Bogotá se cierne una terrible amenaza. Los intereses urbanísticos, en los que resultan beneficiados poderosas constructoras y funcionarios corruptos, tienen sus ojos clavados en la cuenca del río Bogotá. Una visión que compromete a miles de quebradas, nacederos de agua y ríos de municipios como La Calera, Chía, Sopo, Tenjo o Cota, así como del propio Distrito Capital. Uno de los cuerpos de agua que obstaculizan sus sueños millonarios es un canal de origen, ubicado en el llamado “Polígono de expansión urbana N° 2″, en un sector conocido como La Virgen, en el municipio de La Calera, que la Corporación Autónoma Regional (CAR) bautizó La innominada. Su existencia tiene en jaque a un conjunto de ocho torres de cinco pisos cada una, por lo que desde hace varios años han intentado desaparecerla de la cartografía hídrica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y así manipular los estudios ambientales con los que logran pasar de los planos al ladrillo.

El problema que ha tenido la constructora Arquitectura y Concreto es que dio con un colombo-español acucioso y combativo que se ha puesto a la tarea de defender la existencia de esa quebrada y exigir su reincorporación a los mapas del municipio. Se trata de Máximo González, un ingeniero eléctrico de 60 años que está desde 2011 dando una pelea jurídica y técnica, y asegura que para darle vida a este proyecto han acudido a artimañas bajas, desleales y hasta ilegales.

Hace diez años lo invitaron, junto a otros vecinos del sector, a una jornada de socialización del proyecto. “Cuando fuimos a mirar habían desaparecidos los nacederos y las quebradas. Empezamos a indagar y nos dimos cuenta de que en los mapas del IGAC estaban identificadas las fuentes, así fue como iniciamos acciones legales. El proceso en la Fiscalía empezó a dormir el sueño de los justos y finalmente se archivó. A los seis meses me enteré y acudí a la Procuraduría, que solicitó desarchivar el proceso y ordenó a la CAR elaborar un estudio técnico con verificación en terreno. El resultado fue que efectivamente se certificó la existencia de esta quebrada y la de otros nacederos. Desde ahí vino una larga lucha de radicados y diligencias. Mientras tanto, vemos que la constructora avanza en su proyecto, realiza construcciones de los modelos y recibe interesados en su sala de ventas. También elaboró un concepto técnico manipulado, en el que desconoció la existencia de la quebrada”, dice Máximo.

Un exfuncionario que conoce las entrañas de la operación, quien prefiere reservar su identidad, refiere al respecto: “Las cuencas de aguas de este sector estaban en la cartografía hídrica desde la fundación del IGAC en 1935. Sin embargo, los intereses de las constructoras han acudido a su saqueo para concretar sus negocios. Se roban los ríos, los desaparecen, para así presentar los estudios ambientales con los que sacan sus permisos de construcción. Es una práctica que ejecutan apoyados en una red de concejales, alcaldes, funcionarios de la CAR, procuradores ambientales y veedores municipales. La corrupción es el buldócer con que se dedican al volteo de tierras en los planes o esquemas de ordenamiento territorial”.

Esa es la razón para que Máximo viva pendiente de la cartografía del municipio, del IGAC y de la CAR, para que no desaparezca esta quebrada, pero siguen intentando. Por ejemplo, en 2018, utilizando un informe que habría sido manipulado por la constructora y certificado por la CAR, la exalcaldesa Ana Lucía Escobar, a última hora de su administración, aprobó el plan parcial para empezar la construcción del proyecto. En marzo de 2021, por orden de la Procuraduría, la CAR hizo una visita de campo que ratificó la existencia de esta quebrada y otros recursos hídricos, y pidió no considerar el informe que firmó a último momento la exalcaldesa Escobar. Máximo cuenta que el problema no acabó ahí, porque hace unos días el mismo director de Recursos Hídricos de la CAR volvió a utilizar el informe de la constructora e hizo sacar nuevamente a la quebrada de la cartografía del IGAC.