María Zabala, el olvido de la paz

A María Zabala le han dicho una y otra vez que su tragedia es un caso emblemático. Durante 33 años ha revivido en su cabeza la madrugada del 14 de diciembre de 1988, cuando los paramilitares de los hermanos Castaño llegaron a San Rafaelito, en el área rural de Montería, y asesinaron a su esposo, a un hijo, a otros dos familiares y le prendieron candela a todo. A su casa y a la de los vecinos. Muchos aún dormían y despertaron en medio del incendio. María Zabala, en ese entonces de 34 años, con siete hijos y en embarazo, tuvo que presenciar el horror y sacar fuerzas para enterrar a sus muertos antes de que los cerdos se comieran sus restos. Ha tenido que contar esta historia ante periodistas, instituciones nacionales, organismos internacionales y ONG. En 2013, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, la incluyó en su discurso ante la ONU, en el que habló sobre la necesidad de ponerle fin al conflicto colombiano para que no haya más “marías zabalas” y dijo que debía ser reparada como víctima. Pero María no solo ha sido víctima de la guerra, sino también de la paz. De la paz que vende ilusiones incumplidas y cultiva dolorosos olvidos.

Hoy tiene 66 años y, como cualquier cordobés, ha visto pasar más procesos de negociación que actos de paz. Del predio donde los “paras” perpetraron la masacre salió huyendo. “Esa finca era patrimonio familiar de mi esposo. Los propietarios eran Vicente Arrieta Polo y su esposa, Lorenza Rosa Hernández. La gente fue vendiendo y esas tierras quedaron en manos de los ricos. Todo se perdió. Yo me fui para Montería con mi poco de hijos. En ese momento tenía seis y uno en el vientre. Después tuve dos más. Ahí empezó mi vida de sobreviviente”, cuenta desde la finca que bautizaron Valle encantado de las mujeres, ubicada en el corregimiento Las Palomas, también en la capital de Córdoba. Un predio por el que han tenido que dar una incansable lucha y que, a pesar de las promesas de la paz, siguen sin poder formalizar.

Con un programa del Incora, a ella y a 20 mujeres más les ofrecieron un crédito para comprar un predio de 125 hectáreas con un título colectivo y proindiviso. Para liberar el predio debían pagar $360 millones. La cancelación de la deuda coincidió con la desmovilización paramilitar en Ralito, a donde María asistió como víctima. “Yo hablé directamente con Mancuso, le reclamé por lo que me habían hecho y me dijo que a nosotros nos había utilizado en la compra de esa finca, porque la hectárea costaba a millón de pesos, pero el Estado compró a tres millones la hectárea. La finca era de un señor Carlos Sotomayor, quien en ese entonces trabajaba en algo de la Gobernación”, narra María. La persona a la que hace referencia es Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, quien en 2014 fue gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, organización que está seriamente implicada en el proceso de despojo de tierras por parte del paramilitarismo en asocio con políticos y ganaderos de la región. El tema cobra vigencia hoy cuando el propio ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha reconocido que el paramiliatrismo se sirvió de las masacres para despojar tierras de campesinos y ponerlas al servicio del mercado inmobiliario mediante empresarios y con un rol protagónico del Fondo Ganadero de Córdoba.

“Tenemos 23 años de estar en esta finca y seguimos padeciendo. Estos predios se negociaron bajo la Ley 160; ya la pagamos, pero seguimos sin poder tener nuestros títulos individuales, y fuera de eso nos enteramos de que nos usan para su corrupción. Quieren ponernos a pagar su tumbado. Y aquí seguimos luchando por la tierra y la dignidad campesina, y esperando a que se cumplan las promesas que nos han hecho en todos los intentos de paz, que se convierten en un papeleo terrible. Una falta de respeto. Desaparece el Incora y entra el Incoder; lleve papel para allá, que tráigalos para acá; botan los papeles, luego cambian la entidad, y vuelva a empezar el jueguito con nosotros. Ya se han muerto cuatro de las 15 mujeres del Valle encantado sin tener su título. Yo en cualquier momento me muero y les dejo el chicharron a mis hijos, ¿será justo eso?”, reclama llena de indignación y cansada de ser el caso emblemático que los políticos utilizan para hacer promesas vanas con las que justifican sus políticas de papel.