Han pasado más de dos años de aquella noche en que la Policía de Bogotá cometió la masacre más cruel de la historia reciente de la ciudad. Fue el miércoles 9 de septiembre de 2020, cuando el abogado Javier Ordóñez fue brutalmente detenido, torturado y asesinado por los uniformados Harvy Rodríguez y Juan Camilo Lloreda. Las imágenes del corpulento abogado reducido a golpes, al tiempo que pedía clemencia, desataron la ira de los jóvenes de los barrios populares que salieron a incendiar los CAI. El resultado fue 14 jóvenes asesinados, contando a Ordóñez, y más de 70 heridos por arma de fuego. El choque entre jóvenes y policías fue politizado por el —afortunadamente— ahora expresidente Iván Duque, quien respaldó la violencia policial vistiendo el uniforme verde.
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El mensaje de impunidad fue copiado a rajatabla por la Fiscalía y la Procuraduría, que hicieron lo posible por enfangar las investigaciones, hasta que, en diciembre pasado, la Policía Nacional entró en razón y, sintonizada con el ambiente de transformación de la fuerza pública, tomó las decisiones pertinentes. Conformó una mesa técnica con la participación de la ONU, el Ministerio de Defensa, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Inspección General de la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría para hacerles seguimiento a los casos que denunciamos en la “Relatoría del 9S”, dirigida por Carlos Negret, exdefensor del Pueblo.
La mesa técnica ha contado con la participación de las víctimas, quienes venían denunciando desde hacía meses que sus victimarios seguían activos y ejerciendo. Su reclamo tuvo eco en el Ministerio de Defensa y el inspector general de la Policía, coronel Alexánder Sánchez, tomó la justa decisión de actuar administrativamente contra aquellos policías cuya responsabilidad en estos crímenes fuera innegable. Fue así como se reabrieron 14 casos que ya estaban archivados y se retiró administrativamente a siete uniformados. Policías que esa noche dispararon sin precaución contra los manifestantes enardecidos, cuyas balas fueron encontradas en los cuerpos de sus víctimas.
Los siete uniformados retirados tenían suficientes evidencias en su contra para haber perdido la confianza que el Estado deposita en su función pública y, además, sus casos ya avanzaban en la imputación de cargos en la lentísima acción de la Fiscalía. En estos términos fue retirado por voluntad de la Policía el patrullero John Antonio Gutiérrez, quien prestaba servicio en Verbenal, de cuya arma salieron las balas que acabaron con la vida de Jaider Fonseca, de 17 años, y Andrés Felipe Rodríguez, de 23. También fue retirado por decisión administrativa el patrullero Andrés Eduardo Díaz Mercado, quien asesinó a Germán Smith Puentes en Suba. En esta misma localidad, el agente Fabián Alberto Cortez disparó contra Freddy Mahecha, un joven 20 años cuya hermana, Valentina Mahecha, es una ejemplar policía. Su hermano fue asesinado por un compañero suyo, en la misma área donde ella prestaba servicios.
También fueron retirados del servicio el patrullero Óscar Alexánder Márquez Rojas y el subintendente Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, quienes asesinaron en Soacha a Anthony Estrada, Lorwan Stiven Mendoza y Christian Andrés Hurtado. Y no contentos con matarlos, intentaron ocultar las pruebas que los involucraban y desviar la investigación. Cómplice de la masacre en Ciudad Verde fue el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, quien no tuvo una palabra de aliento para las víctimas ni de rechazo ante lo ocurrido esa noche. Así pues, la Policía parece dar pasos hacia el reconocimiento de su responsabilidad en lo ocurrido el 9 de septiembre, aunque aún falte mucho. Como en el caso de Angie Paola Baquero, cuyo verdugo está identificado. Se llama Jorge Andrés Lasso, quien prestaba servicio en Suba y no fue retirado porque la Procuraduría pidió que no se le sacara con el argumento falso de que existía una prueba forense no concluyente. Este patrullero también debe ser retirado. Falta por esclarecer la responsabilidad de los asesinatos de Julieth Ramírez, Christian Rodríguez Cano y Mauricio González Fory. Y aún estamos esperando que la Policía, como entidad, pida perdón a las víctimas; ojalá no pase otro año.
