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15 Feb 2022 - 5:30 a. m.

Selva arrasada

Las selvas en llamas que rodean la serranía del Chiribiquete se hundieron en un silencio solemne. El silencio que deja la tierra arrasada por los incendios del “progreso”. Apenas se oyó el pitar de las chicharras y se descorrió el velo de la tragedia. Esa que hace ruido en los veranos y se olvida en los inviernos: más de 110.000 nuevas hectáreas deforestadas, tumbas, quemadas, sonsacadas a las selvas de la Orinoquia y la Amazonia a punta de fuego, hacha y machete.

“No sólo sufro con cada árbol arrancado a la selva. Árboles de 100 o 120 años acabados en una noche. No, sufro porque el país no se da cuenta de cómo están acabando con nuestra riqueza. La de todos los colombianos, porque detrás de cada hectárea convertida en potrero hay una persona apropiándose de nuestras selvas para convertirlas en su finca, para ganado, palma o coca”, se lamenta Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y quien viene poniéndole el pecho a esta silenciosa y vertiginosa oleada de deforestación.

Una oleada que no se detiene a pesar de las leyes, los proyectos, los cientos de millones de recursos públicos y privados para proteger nuestras selvas, porque cada verano se pone en marcha una operación de tumba de monte y selva a gran escala. Es la subienda de los deforestadores, de los ganaderos y de una nueva especie de empresarios de la colonización que nada tienen que ver con los campesinos que se internaban en las selvas para huir de la guerra y el hambre. Estos son hombres de buldóceres y toyotas, de ganado y caballos de paso fino. Gentes con relaciones políticas. Contratistas que cambian selvas por cemento.

“Entre Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta, áreas que bordean el Chiribiquete, se han deforestado medio millón de hectáreas en los últimos cinco años. Con el agravante de que cada año la selva arrasada tiene más valor porque hay menos, porque allí se han refugiado los animales sacados de los montes tumbados el año anterior, y el trasanterior. Nadie le pone atención al efecto acumulativo de la deforestación. Cada año el daño es peor, pero aquí la preocupación es pasajera”, anota Botero con desespero. El desespero de quien cada semana ve un nuevo pedazo de monte derribado y le lleva el pulso, en tiempo real, a una tierra que agoniza todos los días.

Pero aquí la preocupación no es sólo ambiental, por los árboles caídos y las selvas potrerizadas, es por un fenómeno de apropiación de tierras detrás del cual hay gente con plata y poder. Al Guaviare, desde hace un quinquenio, cuando festejábamos la firma del Acuerdo de Paz, se inició un nuevo ciclo de colonización, esta vez empresarial. Llegó con plata para hacer fincas ganaderas, para instalar laboratorios de coca, para hacer carreteras, para tender puentes entre las disidencias y los residuos paramilitares de Pedro Guerrero y de Cuchillo. Llegaron al Guaviare orientados por una clase política cuya punta de lanza es el tenebroso exgobernador Nebio Echeverry, quien ya trajo a sus amigos de otras tierras, a Jhon Calzones, a Samy Merheg.

“Las personas que llegan a deforestar tienen la certeza de que pueden coger toda la tierra que les quepa en las manos. Saben que nadie los va a frenar. Segundo, tienen la certeza de que detrás de echar sus cercas vendrán la inversión pública, los tendidos eléctricos, las carreteras, la normalización de la ocupación indebida, y eso genera un hecho jurídico que desata la expectativa de atención del Estado. Plata para coger las tierras y el apoyo del Estado para legalizar todo”, añade Botero. Un movimiento que ya empieza a asomar las orejas de lobo, con el proyecto residencial que están haciendo en la Lindosa, justo al frente del batallón de la Vigésima Segunda Brigada del Ejército. En tiempos de campaña, también es diciente la marea de taxis en San José de Guaviare que cuelgan la propaganda de Samy Merheg, un senador risaraldense que hace campaña lejos de su tierra natal, pero muy cerca de sus intereses económicos. Una tierra que sólo es noticia en los veranos.

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