Un grito desesperado que recorre el Chocó

La campaña electoral entró en su recta final y, a pesar de que se elegirán mandatarios locales y regionales, el ruido de los políticos ahoga los gritos de auxilio de las comunidades. Por eso, representantes del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) viajaron a Bogotá a denunciar ante el Gobierno, la opinión pública y la comunidad internacional lo que no deja de ocurrir en el San Juan y en el Atrato ni con los cambios de gobierno: en el primer semestre de 2023 han registrado 409 casos de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

El reporte está en la más reciente edición de Noche y Niebla, del CINEP. Uno de los voceros del FISCH aseguró que en Chocó se vive una de las peores oleadas de violencia de la historia. “La crisis humanitaria y ambiental se ha agudizado por la relación entre la exclusión y el modelo de desarrollo que se le ha impuesto al territorio. Los chocoanos estamos correteados por los grupos armados, los narcotraficantes con sus rutas de coca y trata de personas, y la minería mecanizada a gran escala que practican empresas nacionales e internacionales”, sostuvo el dirigente social.

La situación es tan alarmante, que ni el cese bilateral del fuego con el ELN ha sido alivio en estas regiones. El miedo y la muerte se extienden por San Juan, Sipí, Bajo San Juan, Medio San Juan, Medio Atrato y Bojayá. En cada territorio la crisis humanitaria tiene distintos actores y prácticas. Hay homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado. Al tiempo, la muerte se difumina en el frenesí del auge minero, cocalero y de migrantes. Todo, alimentado con los rostros del hambre y el horror.

“Nos recorre la angustia de ver unos patrones estructurales que sostienen la crisis. Es una mezcla de exclusión, conflicto armado y economías extractivas”, añadió el líder sobre lo que ocurre en el departamento con más personas confinadas del país, que registra el mayor número de casos de desplazamiento forzado. Una guerra que no cesa ni con acuerdos de paz, ni con ceses bilaterales, ni con mesas de diálogo. En parte, porque la madre de la guerra es una debilidad institucional que toma dos formas dramáticas: la corrupción de la clase política y la de la alianza entre la fuerza pública, los cuerpos de investigación criminal y los grupos delincuenciales.

Las comunidades han documentado este tipo de casos y los han denunciado ante el comisionado de Paz y el Ministerio de Defensa. En el caso del Ejército, por ejemplo, se recogieron denuncias con nombres de comandantes, brigadas y batallones que trabajan en sociedad con el Clan del Golfo y que involucran a un general, el Batallón de Ingenieros de Combate, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán adscrita a la 15ª División y el Batallón Alfonso Manosalva Flórez perteneciente a la Cuarta Brigada. En el último caso es una cruel coincidencia que el batallón lleve el nombre de uno de los generales con mayor responsabilidad en la expansión del paramilitarismo y la nefasta alianza de la fuerza pública con las AUC. Con el agravante de que murió sin responder judicialmente, sin contar la verdad y recibiendo homenajes.

Las comunidades también denuncian que de un tiempo para acá los paramilitares vienen diferenciándose de lo que hasta el momento era un solo grupo y que les ha dado por identificarse en unas regiones como Clan del Golfo y en otras como AGC. “No sabemos si es para confundirnos, pero lo cierto es que han empezado a presentarse como dos grupos distintos. Eso ha aumentado el desconcierto y la tensión”, añadió una voz desde el territorio, que le pide al Gobierno acciones urgentes para implementar el Acuerdo Humanitario Ya —diseñado por las organizaciones sociales—, poner en marcha el piloto de alivio humanitario del Medio San Juan y Bajo Calima, y extenderlo a la subregión del San Juan, donde la fiebre del oro, la coca y el paso de migrantes han desatado un cruel aguacero de balas.