Un minero en El Tablazo

El país está próximo a entrar en una de las sequías más drásticas de su historia. La crisis climática, de la que hablan en los foros de ambiente, es una realidad y no una proyección. Mientras los líderes mundiales discuten estrategias para contener la tragedia, los causantes del desmadre avanzan con voracidad. La alerta esta vez llega de San Francisco de Sales, en Cundinamarca, a escasa media hora de Bogotá. Allí un minero está calentando sus retroexcavadoras para entrarle al robledal más grande del departamento, ubicado en un área protegida conocida como la reserva de El Tablazo, una escarpada donde se chocan los ríos para volverse caudal y al que los pilotos de avión le guardan respeto.

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Contra toda lógica de supervivencia, desde hace 14 años el Estado le ha pavimentado el camino a José Elías Yáñez para que explote una cantera de material de construcción, en un área de 1.001 hectáreas, que hace parte del Distrito Regional de Manejo Integral de El Tablazo¬. Allí, en 2006, el minero obtuvo el título de explotación minera. Un año después firmó el contrato con Ingeominas y, en 2009, la CAR le entregó la licencia ambiental para explotar a cielo abierto una cantera de 25.8 hectáreas.

En ese momento, la CAR dijo que allí no había ningún santuario de fauna, flora y agua, sino que solo se veían “helechos marraneros, vegetación menor y moras silvestres”. Años después, un estudio del Instituto Humboldt demostró la riqueza natural de la reserva. La entidad identificó la estrella hídrica del Gualivá, robles centenarios, un cinturón de protección de una variada fauna propia del bosque de niebla andino y tres especies nuevas. La CAR también desconoció que esta área es un ecosistema que se extiende hasta el Sumapaz y Chingaza y por donde circulan los últimos osos de anteojos que quedan en este mundo.

Con título, licencia y contrato bajo el brazo, el minero ha buscado por todos los medios entrar al robledal, pero no ha logrado doblega r la terquedad de los propietarios de los dos predios que por década y media han opuesto resistencia. La resolución 626 de 2009 de la CAR está fundada “sobre una falsa motivación y olvida la tozuda realidad con su riqueza de biodiversidad y abundancia de fuentes hídricas”, asegura Ernesto García, asesor jurídico de la Comunidad Salesiana, dueña de uno de los dos predios privados que se oponen al proyecto minero.

Como el polígono de explotación ocupa parte del predio de los salesianos y parte de otro predio particular, la norma obliga a que el minero adelante una negociación para indemnizar a los dueños de los predios que su actividad afectará. Y como esa zona no tiene vía de acceso, requiere de un camino carreteable entre las fincas, por lo que el minero está obligado a comprar los predios o a contratar una servidumbre. Eso teóricamente se hace en tres meses, pero Yáñez lleva 8 años y no ha llegado a ningún acuerdo. “Si no acceden a mi propuesta los expropio”, fue la amenaza del minero en 2016.

Pasó el tiempo y la amenaza tomó visos de realidad. Como el minero no pudo agotar el trámite y pagar la indemnización, le dijo a la Agencia Nacional de Minería (ANM) que ya estaba ejerciendo presencia en su mina y que los propietarios lo perturbaban, por eso solicitó un amparo administrativo. Los propietarios opositores al proyecto demostraron que ese recurso estaba fundado en información falsa. Pero hace dos meses se le comunicó a uno de ellos el inicio del trámite de expropiación.

Los dueños de los predios, acosados por el minero, ven cómo se aproxima una decisión en su contra, pero en el pulso han encontrado la solidaridad de los habitantes de la región y de más de 300 ambientalistas que buscan detener este ecocidio que pone en riesgo, en otras, el agua de San Francisco y siete municipios más. Sí, el agua, justo en el momento de peor sequía y en tiempos en que se promueve a Colombia como potencia mundial de la vida.