Vía al ya-no

En este país de regiones abandonadas, de un centralismo obtuso y recalcitrante, el Meta padece un desprecio institucional tan desproporcionado como inexplicable. Villavicencio se encuentra a 131 kilómetros de Bogotá y a pesar de toda la plata que el Estado le ha metido a la carretera, que la concesión de la vía se ha echado al bolsillo, los viajeros seguimos padeciendo un trayecto que puede tardar hasta 12 horas, dependiendo de si no se ha caído un puente, la montaña no se ha tragado un tramo de carretera en uno de sus ya reiterados derrumbes o simplemente no se tope uno con el trancón que hacen los compradores de arepas en Quetame.

Llegar a Villavicencio en un tiempo que corresponda a la distancia que lo separa de Bogotá es una verdadera ruleta rusa. Los Llanos parecen cargar con un sino trágico imposible de revertir. Hace 30 años la jornada para llegar a Villavicencio tardaba casi lo mismo que lo que hoy se tarda uno en atravesar la caprichosa cordillera. Hace tres semanas, antes del sismo que cimbroneó a los capitalinos, tardé 10 horas entre la cárcel La Picota y la salida del último túnel. Un trancón kilométrico que solo se dinamizaba a la hora de pagar un peaje, pues ahí sí se veía la agilidad de las funcionarias de la concesión. Para ese momento el asunto era la caída de Los Grillos, hoy la situación es peor y la vía está cerrada.

Muchos podrán pensar que es sencillamente una vía inviable. Que la carretera está construida sobre una falla tectónica o que la cordillera es inestable debido a la inmadurez de su formación, pero entonces uno se pregunta por qué el Estado le dio una concesión a una empresa que llevaba años explotando a los viajeros con tarifas de asalto y, en vez de mejorar, las condiciones empeoran. La respuesta rápida es porque en ese contrato de concesión, uno de los primeros que existieron en el país, están metidos Sarmiento Angulo y Néstor Humberto Martínez. Los mismos que hoy inspiran titulares de prensa por los sobornos de la multinacional Odebrecht que ya confesaron en Estados Unidos, pero que no han querido contarnos a los colombianos.

Es difícil explicarse por qué en medio del escándalo que vive el poderoso conglomerado nadie se ha volteado al oriente a mirar sus deudas. Los señores de Sarmiento Angulo tienen la concesión de la vía al Llano desde 1994, inicialmente la obtuvieron mediante Coviandes, que luego se transformó en Coviandina, vaya uno a saber con la intención de echarle tierra a qué. Lo que sí se sabe es que el abogado que negoció un otrosí para salvar a la compañía de que le declararan el incumplimiento fue el sagaz exfiscal Martínez. Esta adenda salvó al concesionario de asumir los costos de la caída del puente Chirajara, que se les desplomó el 15 de junio de 2018, antes de que lo inauguraran y cuando iba a cumplir dos años de retraso. Pero el tema no trascendió. Se les cayó un puente que costó miles de millones y ahí siguen tranquilitos facturando los peajes.

En este contexto, la empresa de Sarmiento empujó para dejar atrás el contrato 444 de 1994 y pidió que se le abriera un cupito en las nuevas concesiones de 4G, se cambió de nombre y, ya con la experiencia de varias décadas de ordeñar la vaca, pidió que le excluyeran 40 puntos críticos, es decir que el concesionario administra la vía, pero no los tramos con problemas de estabilización. Esos tienen que ser asumidos por el Estado, mejor dicho, la ley del embudo, lo ancho para Sarmiento y lo angosto para el Estado. Con el agravante de que ni siquiera hoy han cumplido con la licencia ambiental que hace años los obligaba a comprar los predios que en estos días se están cayendo por las lluvias y la inestabilidad geológica. Uno de esos puntos, que corresponde al kilómetro 58, quedó en estado crítico después del temblor, siendo que ahí está contratada la construcción de un puente que Duque adjudicó por $150.000 millones y al que al día de hoy no le han puesto ni la primera piedra. Todo este torrentoso panorama tiene suficientes elementos para que, como lo ha solicitado el alcalde Felipe Harman, el Gobierno nacional decrete la emergencia social y tome el control de una vía que, más que una carretera nacional, es una deuda histórica que tiene el país con los llaneros.