La crisis humanitaria en el país es una realidad irrebatible. En lo que va corrido del año ya se registran 79 masacres, además de 126 líderes sociales y 34 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Desde cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia, hace 36 días, han ocurrido 14 matanzas, que dejan 45 homicidios. El norte de Cauca, encendido por un conflicto de tierras, minería y cultivos ilícitos. Caquetá, Guaviare y Putumayo viven el apogeo cocalero, la ganadería desenfrenada y una punta de colonización “industrial” que arrasa con selvas, esteros y montes en un impulso deforestador que mezcla economías lícitas e intereses inmobiliarios. El Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, en llamas, por constituir un corredor estratégico para el narcotráfico y el control militar desde la serranía de San Lucas y el Magdalena Medio hasta el Urabá chocoano. Un corredor que se está disputando también en el sur de Bolívar. En los últimos dos meses las Agc han copado territorios que antes fueron del Bloque Central Bolívar de los paramilitares en un movimiento que promete saldarse en muertos.
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No la tiene fácil el Gobierno para materializar la reforma agraria, la paz total y la solución al problema de los cultivos ilícitos. Más cuando, día a día, las expectativas de la gente se estrellan con la crudeza de la guerra, la pobreza y la desigualdad. Desde la semana pasada las organizaciones sociales de Río Viejo, Arenal y Morales, en el sur de Bolívar, están en alerta máxima. Desde El Bagre y Zaragoza, pueblos mineros del río Cauca, avanza una columna paramilitar que quiere disputarle al Eln una de sus zonas históricas. El rumor de la guerra, las amenazas y los avisos se han visto acompañados de algunos homicidios selectivos.
“El Clan del Golfo viene a retomar lo que antes fue del Bloque Central Bolívar, que nunca se desmovilizó, sino que se transformó. La minería de oro y la coca los atraen. Ellos entraron por la zona alta de Norosí hace ocho días para seguir hacia las veredas de Unión Doradas y Micohumado. Es un sitio estratégico donde la gente ha recibido mucha presión. Pero ya entraron, ya van por Minacielo, otro asentamiento minero, y con eso tienen control de la vereda”, narró con preocupación un líder social de la región, quien, en sus palabras, asegura que ahora sólo les queda encomendarse a Dios, con vigilias y oraciones para que quienes lleguen a pelearse la zona respeten a las comunidades y las saquen de su balacera.
Pero esta vez, aunque los líderes tienen miedo, también hay esperanza de solucionar de una vez por todas esta barbarie. Por eso, entre sus plegarias alzaron una para que les dé fuerza para encarar a los armados y al Gobierno y pedirles que se sienten en una mesa a pactar unos mínimos humanitarios. “Vamos a resistir, como lo hemos hecho tantas veces, a lo que se nos viene, porque hoy también tenemos ilusión de ponerle punto final a esto. Esta semana vamos a instalar la mesa de paz, en la que harán presencia todas las organizaciones sociales del sur de Bolívar, y en ella vamos a estar sentados esperando a que los paras, el Eln y las disidencias tomen asiento para empezar a construir la paz. Les vamos a pedir que respeten a la población civil y la zona humanitaria que tenemos, y que arranquemos de una buena vez a ver cómo solucionamos este conflicto sin que maten a la gente”, sostuvo el líder campesino.
Así está la cosa en esta región del sur de Bolívar, con el eco de la guerra sonando cada vez más cerca, pero al mismo tiempo con gente que tiene la ilusión de hacerle frente a la barbarie con la palabra en una mesa. Tienen miedo, pero también la certeza de que este problema no se resuelve con otro ejército y que están dadas las condiciones para ponerle cara a esa ilusión de la paz total, y esperan que el Gobierno de Petro no los deje solos.
