¿A quiénes les va peor en Colombia?

Un reciente estudio demuestra que los hogares más empobrecidos de Colombia son aquellos liderados por mujeres, cabeza de familia, trabajando en el sector informal. Esto no es coincidencia, es el resultado de las desigualdades estructurales que nos hemos acostumbrado a aceptar en Colombia, y que van desde el género hasta el cuidado y el mercado laboral, reforzándose entre sí.

En efecto, aunque las mujeres colombianas hayan alcanzado en promedio más años de educación que los hombres, todavía enfrentan mayores barreras para acceder a empleos formales. Contrario a lo que podemos pensar, la raíz de este problema no está solo en el mercado laboral. También tiene que ver con la sobrecarga de labores de cuidado que ellas asumen. En promedio, las mujeres dedican tres horas diarias más que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. Esta sobrecarga tiene un costo económico directo y concreto: empuja a muchas mujeres a trabajar en el sector informal, dado que este permite una mayor flexibilidad laboral. El problema es que, así como la informalidad trae flexibilidad, también trae menores ingresos y peores condiciones laborales y de seguridad social.

El resultado es contundente: los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de Colombia muestran que los hogares encabezados por mujeres registran una tasa de pobreza 9,3 puntos porcentuales más alta que aquellos liderados por hombres. En el caso de mayor vulnerabilidad –los hogares liderados por una mujer, que trabaja en el sector informal y tiene dependientes en el hogar– la tasa de pobreza alcanza el 81,6 %. Una cifra alarmante, teniendo en cuenta que la tasa de pobreza promedio a nivel nacional es 31,8 %.

¿Qué factores explican que la pobreza sea más del doble para los hogares encabezados por mujeres con trabajos informales? Además de las desigualdades que ya mencionamos asociadas al trabajo de cuidado, las siguientes características también explican las mayores tasas de pobreza en estos hogares: i) tener jefes de hogar con menores niveles educativos; iii) la presencia de al menos dos personas dependientes económicamente (niños o adultos mayores sin ingresos); y iv) vivir en zonas rurales.

¿Qué se puede hacer ante estas desigualdades? Una pregunta central es si nuestros sistemas tributarios y de gasto social ayudan a reducir estas brechas. La respuesta del estudio es mixta. Por un lado, encuentra que las transferencias monetarias directas (como Renta Ciudadana o Colombia Mayor) logran reducir la pobreza extrema y reducen la brecha de ingresos entre hogares liderados por mujeres vs. hogares liderados por hombres (de 14,1 % a 11,2 %), pero este no es el caso para los hogares en situación de pobreza monetaria. Esto quiere decir que las transferencias sociales están llegando a los hogares más más pobres (aquellos que están en pobreza extrema) logrando reducir su vulnerabilidad; pero no logran el mismo efecto sobre los hogares en pobreza no extrema.

El caso de impuestos como el IVA es también preocupante. El estudio encuentra que el IVA, al cobrar las mismas tasas de impuestos a todos los hogares, termina castigando a los hogares más empobrecidos (como los hogares liderados por mujeres trabajadoras del sector informal). La razón es simple: si estos hogares tienen menos ingresos, pero pagan lo mismo de IVA, entonces terminan pagando una mayor proporción de sus ingresos como impuestos, y su ingreso disponible para otros gastos se hace menor.

¿Qué pasa con los hogares liderados por mujeres en estratos más altos y con trabajos formales? Aquí la brecha entre hogares donde una mujer es la principal generadora de ingresos laborales y un hombre es el principal generador de ingresos laborales muestra un resultado interesante: en promedio se presenta menos incidencia de pobreza en los primeros que en los segundos. Es decir, cuando las mujeres con educación superior logran acceder al mercado laboral formal, el nivel de ingresos alcanzado es alto y la incidencia de pobreza en los hogares de este tipo es más baja.

Estas cifras, derivadas del estudio “Género y distribución del ingreso en un entorno de alta informalidad” financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo y elaborado por la Universidad de Los Andes, conllevan a varias conclusiones. La primera es que construir equidad exige un cambio de enfoque en las políticas públicas. No basta con identificar, analizar y priorizar a “los hogares más pobres”. Es necesario entender los diferentes tipos de hogares empobrecidos que existen, y analizar las maneras en que factores como el sexo y la informalidad laboral terminan amplificando las desigualdades que estos hogares enfrentan.

Una segunda conclusión, que también exige un cambio de enfoque, es que reducir la desigualdad requiere más que solo transferir dinero. Se necesita también invertir decididamente en servicios, como los servicios de cuidado, que permitan a las mujeres participar plenamente en el mercado laboral, incluyendo en el formal.

En últimas, el reto que tenemos no es solo cómo redistribuir mejor los recursos, sino cómo tumbar las múltiples barreras que impiden que la inversión que hacen las mujeres en su educación se traduzca en autonomía económica y en bienestar, para ellas, sus hogares y para todo el país.

Coautores de la columna:

Andrés Álvarez, PhD, investigador y Profesor Asociado Facultad de Economía, Universidad de Los Andes. Autor principal del estudio ‘Género y distribución del ingreso en un entorno de alta informalidad’.

Allison Benson, PhD, Economista e investigadora.