¿De quién es la consulta anticorrupción?

Estamos cometiendo un gran error en Colombia: ponerles nombre propio a los debates políticos. La paz nunca debió ser Santos contra Uribe; ni la reserva Van der Hammen, Peñalosa contra Petro; ni la consulta anticorrupción, los verdes contra el Centro Democrático. ¿Acaso no puede haber ninguna iniciativa o proyecto conjunto de nación que no quede reducido a una pelea de egos entre “notables”? No cometamos el error de tildar a la consulta anticorrupción como la voz de Claudia López, ni a la anticonsulta como la voz de Uribe. Esta, y cualquier otra consulta, es la voz de todos, la voz popular que nos dio la Constitución del 91, pero que hemos sido tímidos para entonar. Tampoco cometamos el error de creer que la consulta es la panacea, la solución a todos los males, ni el único camino de acción. Entendamos la consulta como es: un mecanismo de democracia participativa que le da voz al pueblo. Esta vez, voz para decirles a los congresistas: “Quiubo, pues, los colombianos estamos hartos de la corrupción. Los colombianos estamos de acuerdo con estas ideas, y demandamos que ustedes hagan su trabajo: oigan a los ciudadanos, discutan y tramiten estas siete iniciativas y propongan muchas otras; basta de hundir reformas anticorrupción”.

Entendiendo que la consulta es de todos, y que no es, ni pretende ser, la solución final a la corrupción, vale la pena discutir su contenido.

Uno de sus puntos álgidos es bajar el salario a los congresistas (y otros pocos altos funcionarios del Estado). Es claro que esta medida no eliminará la corrupción; pero también es claro que no la aumentará: con seguridad el Ñoño Elías sería igual de corrupto ganando $31 millones o $20 millones, pues lo que le da la corrupción es una cifra de muchos más ceros: las investigaciones apuntan a que él y su combo recibieron $17.000 millones en coimas. Bajar el salario de los congresistas es más bien una cuestión de equidad: en Colombia un congresista gana 40 veces el salario mínimo; en el Reino Unido, 4,5 veces. Además, la reducción del salario de los congresistas generaría un ahorro anual de $40.000 millones (sí, la misma cifra que escandalizó a tantos con la consulta liberal del año pasado, pero cada año).

Otra propuesta es limitar a tres periodos el ejercicio en el Congreso. Probablemente esto tampoco acabará con la corrupción, pero es una propuesta deseable, pues contribuirá a abrir el espacio político dándoles la oportunidad a nuevas personas e ideas de representar a los colombianos. Además, ¿si se limita el periodo del Ejecutivo, por qué no limitar también el del Legislativo? Por más buenos congresistas que sean, tener gerleins en el Capitolio por 50 años puede no ser la mejor opción para el país.

La consulta propone también que los congresistas rindan cuentas anualmente sobre su trabajo (asistencia, iniciativas presentadas, votación en debates, gestiones). Si todos debemos rendir cuentas a nuestros jefes, ¿por qué los congresistas no? Recordemos que los votantes somos los jefes de los políticos. Un informe anual haciendo transparente quién vota a favor de qué y quién aboga a favor de quién es un mecanismo de rendición de cuentas mínimo, que deberíamos estar implementando hace rato. La transparencia es el primer requisito para luchar contra la corrupción.

Otra propuesta deseable —bajo el punto de vista de aumentar la transparencia, y que levanta la pregunta ¿por qué no estamos haciendo esto ya?— es que los políticos hagan públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés como requisito para posesionarse. Una mayor transparencia en el patrimonio de los políticos no descarta que perduren formas de esconder recursos (legales o ilegales), pero sí lo haría más difícil. Precisamente, esta es una de las principales recomendaciones del Banco Mundial para la lucha anticorrupción.

Otro de los puntos tiene que ver con aumentar los costos de incurrir en corrupción eliminando beneficios como la casa por cárcel a quienes hayan sido condenados. En efecto, en Colombia nos falta garrote: ¿cómo así que Alejandro Lyons (el exgobernador de Córdoba condenado por corrupción rampante, incluyendo el cartel de la hemofilia) debe pagar solo cinco años de cárcel y se le permite estar asoleándose en su casa en Miami? Este punto de la consulta plantea también permitir al Estado cancelar sin indemnización contratos con personas condenadas por corrupción e impedir su contratación posterior. ¡Ni más faltaba! Que corruptos como los de Odebrecht se metan la plata al bolsillo, no terminen las obras y además salgamos a pagarles o a volverlos a contratar raya con lo insólito.

Las otras dos propuestas de la consulta son deseables, pero vienen acompañadas de grandes retos de implementación. Esto no significa que se deba votar en contra, sino que su reglamentación en el Congreso debería ser cuidadosa. Por ejemplo, establecer pliegos tipo para todo tipo de contratación es en la práctica imposible, pues no se pueden tipificar y estandarizar todos los proyectos, y menos teniendo en cuenta la heterogeneidad territorial del país. En algunos tipos de proyectos sería más adecuado recurrir a la semiestandarización.

Con respecto a los presupuestos participativos, existen experiencias exitosas, por ejemplo en Porto Alegre (Brasil), donde la creciente participación de las comunidades ha orientado el gasto hacia necesidades básicas como el acceso al agua y ha reducido la corrupción. Sin embargo, también ha generado problemas, pues estos mecanismos pueden ser engorrosos, y pueden ser cooptados por grupos e intereses.

Vale la pena referirse también a otras críticas más generales a la consulta. La primera es que ésta es innecesaria porque el Gobierno ya presentó un proyecto legislativo para reducir la corrupción. Dicho proyecto se relaciona con solo dos de los siete puntos de la consulta. Además, contiene puntos adicionales (como volver imprescriptibles los delitos de corrupción). Así, se entiende que la consulta y el proyecto legislativo son complementarios, no excluyentes. Por supuesto que la corinsulta debe adelantarse de forma conjunta con reformas al estatuto anticorrupción. Por supuesto que los congresistas y el presidente deben proponer más leyes a favor de la transparencia. Creer lo contrario es desconocer que las reformas son graduales y que requieren de trabajo coordinado y complementado.

Otra crítica es que la consulta cuesta mucho, argumento que se trae a colación cada vez que se convoca una consulta, un referendo u otro mecanismo de participación democrática. La democracia cuesta, sí, pero tampoco tanto: $300.000 millones representan el 0,3 % del Presupuesto General de la Nación. Si esto nos parece mucho, debatamos si se deben eliminar estos mecanismos de tajo, pero no usemos estos argumentos para deslegitimar las consultas que se propongan.

Finalmente, hay quienes dicen que votar por la consulta es impulsar a Claudia López. Un argumento bastante flojo. ¿Quién tiene entonces legitimidad para impulsar mecanismos de participación ciudadana? ¿Únicamente algún fulano desconocido que llegó al Congreso arrastrado por una lista? ¿Y los senadores populares que se queden calladitos y cruzados de brazos? Si a alguien no le gustan los verdes, no vote por los ellos en las próximas elecciones (octubre de 2019). Eso es otra discusión.

Por mi parte, este 26 de agosto, votaré siete veces sí. Porque creo que lo que plantea la consulta será beneficioso para el país. Porque el Congreso ya ha hundido ocho reformas relacionadas con la anticorrupción. Porque creo en el poder de la voz de la ciudadanía. Y porque la consulta no es de nadie, es de todos.

* Estudiante Ph.D. en Desarrollo Internacional, London School of Economics.

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