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Hace un par de días escuché esta frase a Andrés Arauz (economista y ex candidato presidencial de Ecuador), a propósito de los retos que el mundo discutió tras la conferencia de transición energética que tuvo lugar en Santa Marta la semana pasada. La frase pone a relucir una de las grandes conclusiones a las que llegaron más de 1.500 personas de 57 países en nuestra ciudad costera: la transición energética es parte de una transición más grande, más profunda, y más urgente: la transición económica hacia un modelo menos extractivo y menos desigual.
Si cambiamos nuestra fuente de energía del petróleo a los páneles solares, pero no transformamos las relaciones económicas que se dan alrededor de la energía, vamos a quedar en lo mismo: en el extractivismo, esta vez, de color verde. Ya no pondremos nuestra economía, tierra y comunidades al servicio de la producción de carbón y petróleo, sino de litio y cobre, minerales que se necesitan para la producción de energías renovables. Seguiríamos exportando productos primarios, para luego importar tecnología, ya no de multinacionales gringas, sino chinas.
Este puede ser el rumbo de la transición energética si no hacemos ya las preguntas difíciles, y empezamos a responderlas con acciones concretas. Y en Santa Marta, buena parte de los países empezaron a plantearlas. De ahí que en la conferencia se hablara no solo sobre cómo acelerar la transición hacia energías renovables, sino también sobre cómo transformar nuestras economías a nivel local, nacional y global.
Un punto clave que se discutió fue la diversificación económica, como un nuevo objetivo de política pública. Esto parte de reconocer que ni los empleos, ni los ingresos, ni los impuestos que generan el petróleo y el gas podrán ser reemplazados en su totalidad por las energías renovables. Y por esto, necesitamos pensar en cómo desarrollar otros sectores económicos. En Colombia, ya hay algunas experiencias que nos dan luces sobre qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, en el Cesar, donde el cierre de minas de carbón dejó a 7.000 personas sin empleo, se han formado cooperativas de extrabajadores que ahora están en proyectos de lácteos, mango y bovinos. El problema, como lo señala Carlos Díaz, director de Sepia Alianzas Sostenibles, es que “seguimos esperando que llegue la energía a estos territorios para poder transformar los productos y reducir costos”. Sin energía, no hay economía.
Ahora, diversificar requiere pensar también en el sector manufacturero. Como lo señala Leonardo Rojas, economista experto en transición energética, “podrían lograrse incrementos de hasta 6,8 % del PIB si se impulsan sectores clave, como componentes eléctricos y ensamble de equipos de transporte”. Por ejemplo, en Colombia podemos fabricar el 60 % de las partes de los paneles solares. La pregunta es: ¿los vamos a producir o a importar? Y no debemos olvidar que existen oportunidades económicas más allá del sol. Rafael Betancourt, ingeniero y líder sindical, nos recuerda que “hay alternativas como la geotermia en Boyacá que permiten reconvertir plantas eléctricas, mantener los puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades económicas en los territorios”.
Sobre el potencial económico de las energías renovables, Ana Carolina Gómez, PhD y directora regional de NRGI, resalta que “este espacio que ha ocupado y puede seguir ocupando América Latina en la discusión sobre transición puede ser fuente de muchas oportunidades que los tomadores de decisiones deben aprovechar para atraer y movilizar inversiones”.
Pero estas inversiones no pueden seguir llegando sin tener en cuenta a las comunidades. Si queremos construir nuevas economías, los proyectos deben incluir la participación ciudadana. Más allá de “consultar”, debemos pensar en mecanismos concretos para que las comunidades participen como proveedores, trabajadores e, incluso, como accionistas. Como lo resalta Juliana Andrade, lideresa indígena y juvenil de Nariño, “No podemos hablar de nuevas economías y de la permanencia de la vida si las comunidades que habitan los territorios más afectados no están en las discusiones”. Más allá de las palabras, esto debe concretarse en la forma como se negocian las inversiones. Por ejemplo, Brasil exigió a BYD que el 50 % del contenido sea local, se generen 10.000 trabajos y haya esquemas de transferencia tecnológica.
Además de atraer inversión privada en nuevos términos, es urgente pensar en la inversión pública que se requiere para la transición energética. Pero, ¿de dónde va a salir la plata pública? Con 1,4 billones de personas en el mundo viviendo en países que gastan más en pagar la deuda externa que en salud y educación (cifras UNCTAD), pensar en poder financiar la transición energética al ritmo que necesitamos es una ilusión. De ahí que una de las propuestas concretas de la Conferencia de Santa Marta sea rediseñar la arquitectura financiera internacional, para salir de la llamada “trampa deuda-clima”.
Además de dejar de gastar el presupuesto público pagando intereses a los bancos internacionales, es urgente dejar de subsidiar a las multinacionales fósiles. Un reciente estudio muestra que los subsidios e inversiones que hacen los gobiernos alrededor del mundo para mantener los fósiles le cuestan a cada persona del planeta USD 1.400 al año (350.org). Los subsidios a los fósiles son nueve veces más altos que a las energías renovables. El mundo al revés.
En últimas, la transición energética está en la intersección de los dos problemas más serios que tenemos como humanidad en este momento: el cambio climático y la desigualdad extrema. ¿Asumiremos el reto como se requiere? La respuesta que nos deja el impulso de Santa Marta es: estamos haciendo el intento. Habrá que ver qué dice nuestro próximo gobierno.
* Economista y PhD. en Desarrollo Internacional. Directora del centro de investigación Acción Pública y del proyecto Reimaginemos.
