Mientras que el mundo se preocupa discutiendo sobre los precios de arriendos impagables, las guerras comerciales que quiere iniciar EE. UU. y la hiperconcentración de la riqueza en unas pocas personas y empresas, Escocia aprueba una ley que puede darnos luces sobre cómo salir del chicharrón económico en el que nos metimos.
La Ley de Community Wealth Building (Construcción de Riqueza Comunitaria) acaba de convertir en mandato nacional una idea que lleva más de 20 años incubándose desde lo local: que la riqueza producida en un territorio debe quedarse en ese territorio, en lugar de fugarse hacia inversionistas extranjeros o grandes conglomerados sin arraigo y que poco aportan al bienestar de las personas y la naturaleza.
La idea nació hace dos décadas en la ciudad de Cleveland, EE.UU., impulsada por la organización The Democracy Collaborative. Allí se crearon las Evergreen Cooperatives, una red de empresas cooperativas verdes que suministran bienes y servicios locales a grandes instituciones ancla como la Clínica de Cleveland. No se trataba de soñar un nuevo modelo económico abstracto, sino de implementar cosas concretas: cooperativas de trabajadores, compras públicas locales, propiedad comunitaria de activos.
Durante años, estas prácticas se han extendido a otras ciudades y regiones. Hoy existen experiencias en Ámsterdam, Polonia, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Pero Escocia es la primera unidad política que decide dar el paso decisivo: volver obligatoria esta apuesta de transformación económica.
La nueva ley establece que las agencias gubernamentales, consejos locales, juntas de salud y corporaciones públicas deberán priorizar la reinversión de la riqueza generada localmente en las propias comunidades. Por ejemplo, no será opcional comprarle a empresas locales: será la práctica estándar del sector público.
Puede parecer pequeño y hasta obvio, pero en un sistema económico diseñado para concentrar la riqueza y las oportunidades en pocas manos, pensar en un desarrollo que ponga en el centro las comunidades locales es una práctica revolucionaria.
Hay dos elementos clave en esta visión.
Primero, democratizar la economía. Esto reconoce que no basta con redistribuir riqueza vía impuestos, sino que es necesario ampliar el grupo de quienes poseen y controlan los activos productivos de una economía. Para ello se pueden impulsar figuras que ya existen: cooperativas, empresas sociales, propiedad pública municipal. En varios países ya existen incubadoras que se especializan en este tipo de organizaciones, un ejemplo es la estadounidense start.coop.
Segundo, localizar la economía. Es decir, priorizar las necesidades, capacidades y saberes del territorio. Esto implica apoyar circuitos cortos de comercialización, fortalecer el comercio local, y valorar la cultura y producción propias. Para ello es clave entender que cada compra que hacemos puede fortalecer (o debilitar) la economía del barrio, del municipio, del país.
¿Cómo se relaciona esto con Colombia? Acá no partimos de cero. Desde el 2020 aprobamos la Ley de Compras Públicas Locales. Sin embargo, esta se limita a la compra de alimentos, y ha sido tratada más como una recomendación que como un mandato. También hemos abierto algunos debates sobre el uso del suelo y la especulación inmobiliaria alrededor de nuestras ciudades. Pero podríamos ir más allá. ¿Por qué no pensar en cooperativas de vivienda o incluso en empresas comunitarias de renovación urbana? En Estados Unidos existen ejemplos exitosos como la Bedford-Stuyvesant Restoration Corporation en Nueva York, que ha desarrollado 2.200 viviendas y canalizado USD 500 millones en financiamiento.
Avanzar en este tipo de apuestas no es solo un reto legal ni público, es también cultural y comportamental. Parte de la clave de las iniciativas exitosas de Construcción de Riqueza Comunitaria es que han sido creadas por alianzas comunitarias. Pero en Colombia nos cuesta generar alianzas a todos los niveles. Es frecuente que en muchos casos se prefiera mantener iniciativas precarias, aisladas y poco sostenibles, antes de tener conversaciones difíciles acerca de cómo repartir los costos y los beneficios.
La Construcción de Riqueza Comunitaria parte de un diagnóstico claro: las crisis que vivimos son producto de un sistema extractivo basado en la propiedad hiperconcentrada, la desinversión territorial, y la precarización laboral. Y frente a ello, propone intervenir directamente en cinco frentes clave: empresa democrática e inclusiva, uso justo de la tierra y la propiedad, compras públicas progresivas, trabajo digno y finanzas locales.
Escocia no está proponiendo cerrarse al mundo ni abandonar el comercio internacional. Está diciendo algo más simple y más profundo: el desarrollo empieza por casa.
En un país como Colombia —marcado por desigualdades profundas, concentración de la tierra y economías locales frágiles — esta conversación es urgente. Si queremos hablar de transición energética, generación de empleo, o del cierre de brechas regionales, necesitamos discutir no sólo cuánto crecemos, sino quién es dueño de las empresas, quién decide sobre nuestro modelo económico y dónde se queda la riqueza.
Tal vez la pregunta no es por qué deberíamos interesarnos en una ley aprobada en Escocia. La pregunta es: ¿qué estamos esperando para tener esta discusión aquí?
