Narcotraficar o masacrar

AUNQUE YA SE HA ESCRITO BASTANTE sobre la extradición de los narcoparamilitares, parece que hay más cosas por decir, o al menos por preguntar. Una pregunta, que no ha sido contestada de manera explícita por el Gobierno Nacional, es: ¿qué considera el Gobierno que es más execrable: ser narcotraficante o ser perpetrador de crímenes de lesa humanidad?

Si se considera que es peor ser ‘narco’, los extraditados han recibido el peor castigo posible: dado que el delito en Colombia tiene unas penas bastante benignas, las impuestas por la justicia estadounidense serán sin duda mucho más severas. Pero si se estima que es más grave ser homicidas masivos, se les ha abierto la puerta para castigos más benignos, ya que la justicia de Estados Unidos no los juzgará por delitos que no han involucrado a ese país. En este caso el mayor castigo sería aplicarles las penas de la justicia ordinaria, también mucho más severas que las de la Ley de Justicia y Paz.

A los argumentos de oposición a la medida que han presentado hasta ahora Americas’s Watch, el Centro Internacional de Justicia Transicional, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, entre otras instituciones de carácter internacional, se pueden agregar nuevas consideraciones: en primer lugar, es ya claro que para la justicia estadounidense el delito principal es el narcotráfico y que con la entrega de unas rutas los ‘narcos’ pueden negociar y reducir el tiempo de condena.

En segundo lugar, también es evidente que se ha privilegiado un tipo de víctimas: resulta que los consumidores del país del norte son más importantes que los miles de asesinados y sus allegados en Colombia. Sólo que las víctimas colombianas son campesinos asesinados y familias arruinadas, desplazadas y expropiadas violentamente.

Las llamadas víctimas de las drogas son muy diferentes: su definición como tales resulta del enfoque punitivo y satanizador del consumo de sustancias ilícitas: no necesariamente son muertos: son, en el peor de los casos, adictos.

En Estados Unidos hay grandes debates sobre la perspectiva que se debería adoptar frente al consumo. Muchos científicos han insistido en que el tratamiento penalizante no sólo es bastante inocuo en la reducción del uso de drogas, sino que construye un tipo de delincuente cuyo delito tiene víctimas inciertas. Además, impide el uso de métodos de salud pública que ayuden a quienes eventualmente estén en riesgo de desarrollar una adicción.

Se trata, pues, de víctimas distintas, y eso lo sabe muy bien el Alto Comisionado para la Paz, autor de más de un libro sobre ese tema. No se entiende, entonces, por qué no expuso con claridad ese argumento para oponerse a la extradición de los ‘narcoparas’. Cito: “Es vergonzoso que exportando psicoactivos de tan buena calidad, estemos importando un discurso sobre las drogas tan cerrado y esquemático, sin ser capaces de aprender de la experiencia que nos concede ser la nación que de manera más cruel ha sufrido los rigores de esa guerra puritana.

Tenemos el lugar moral para enunciar discurso diferente sobre las drogas, narcodiscurso que podemos entender como un producto ideológico de un país pequeño y sojuzgado que puede circular con propiedad y patente de calidad en los grandes centros de poder político y económico…. El problema del tráfico de psicoactivos ha pasado a ser un asunto vital en las relaciones con las demás naciones, mientras la opinión pública mundial –y, en especial, la norteamericana— vuelca toda su presión sobre los colombianos, generándose extravagantes sugerencias como la necesidad de invadir nuestro territorio por fuerzas extranjeras o aislarlo con una especie de cordón sanitario, sin excluir, por supuesto, la posibilidad de bloqueos económicos y militares, drásticas sanciones comerciales y una ruptura de relaciones diplomáticas” (La fruta prohibida. La droga en el espejo de la cultura, pp. 9-10 y 55). ¿Qué tal?