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Quizás ningún otro factor tenga la capacidad de cambiar la trayectoria de la polarización como la aprobación de una reforma a la salud. Si el sistema político es capaz de concertar una reforma de esta envergadura, el país respirará un aire de mayor optimismo y tranquilidad. No se trata de buscar una decisión de consenso, que es inviable, sino pragmática, que no deje demasiado contento a ninguno de los sectores políticos, como son las buenas decisiones en las democracias reformistas.
Hoy hay dos grandes diferencias frente al intento de reforma de 2023: los problemas del sistema de salud son más urgentes, y la relación de fuerzas ha cambiado a favor del gobierno. A la oposición no le conviene volver a cometer el error de hundir la iniciativa sin tratar de mejorarla, pues dejó al sistema de salud exclusivamente en manos del Gobierno. El presidente tiene más espacio para negociar habiendo conseguido su principal objetivo: retirarle el manejo de los recursos públicos a las EPS mediante el pago directo. Pero si las partes utilizan la misma estrategia de negociación -todo o nada- es inevitable que el resultado sea el mismo.
¿Qué puede hacerse distinto esta vez? Dos ejemplos ilustran alternativas, uno de contenido y otro de forma. La gran apuesta del primer gobierno de Bill Clinton fue reformar la salud. Lo encomendó a Hillary, en ese entonces radical y fogosa, quien diseñó un modelo tan nuevo y ambicioso que asustó a buena parte de los ciudadanos. El proyecto permitió que los republicanos se radicalizaran y, cabalgando sobre el coco del “socialismo”, le asestaran una derrota estruendosa en las elecciones de medio periodo. Cuando Clinton accedió a redimensionar la reforma, era tarde: los republicanos querían sangre. Años más tarde, Barack Obama pasó la reforma por la cual lo recuerda la historia -Obamacare- porque no tocaba a quienes estaban satisfechos con su servicio de salud y se enfocaba en acceso y calidad para los más pobres y los más enfermos.
A pesar de los avances, luego de tres años, las negociaciones entre el gobierno y las FARC atravesaban por una etapa difícil de recrudecimiento de combates en el terreno y dificultad para resolver temas espinosos. El presidente Santos consideró que había llegado el momento de llevar el proceso a su final y tomó la decisión de reforzar la delegación del gobierno con funcionarios pragmáticos que llegaron con la misión de cerrar el acuerdo. Eso generó tensiones, algunos lo consideraron un golpe de Estado al equipo negociador que había estructurado un proceso serio y logrado las grandes concesiones de las FARC. Había también preocupación de que la decisión de avanzar rápido pusiera en riesgo aspectos técnicos delicados. En La Habana aterrizaron Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, María Ángela Holguín, canciller, Rafael Pardo y Roy Barreras. En un cónclave de un mes, se resolvieron los puntos más difíciles, haciendo trueques y concesiones, como se hace en las negociaciones exitosas.
El presidente Petro puso a Cristo al frente del manejo del Congreso. Tiene a la mano la negociación más influyente de su vida. Sabe que nada puede marcar más su gobierno que esta reforma. Y que sin audacia… no habrá reforma.
