Desde el balcón, Gustavo Petro reiteró la advertencia que hizo desde la campaña: si el sistema político que derrotó en las urnas lo derrota a él en el Congreso, abandonaría la negociación dentro del sistema con que viene gobernando, para regresar a las tácticas de campaña con las que derrotó al sistema.
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Una cosa es el populismo electoral y otra el que se ejerce desde el poder. En un artículo titulado “Populists in Power”, en el Journal of Democracy, Takis Pappas señala que el populismo no acepta los tres componentes básicos de la democracia liberal: “Que la sociedad contiene divisiones que generan conflicto; que requiere que las diferentes partes en que se divide esa sociedad —especialmente las representadas en partidos políticos— se comporten moderadamente, busquen consensos y prefieran resultados de suma positiva, y que adhieran a las salvaguardas para las minorías y el Estado de derecho consagradas en las constituciones”. Recuerda que el populismo “parte de que la sociedad está dividida por una grieta insalvable entre una vasta mayoría y una élite diminuta, por lo que la política populista se basa en hostilidad social y conflicto incesante”. Por eso, “lo que realmente importa es satisfacer a la mayoría que conforma «el pueblo», por encima de la legalidad constitucional, de las reglas de procedimiento establecidas, las normas de deliberación instituidas y del consenso”.
Pappas sostiene que “una vez en el poder, el populismo moderno busca un orden democrático pero no liberal, que tiene cuatro características: 1) la dependencia en un liderazgo carismático; 2) la continuada búsqueda estratégica de la polarización política; 3) una tendencia a apoderarse del Estado, a emascular las instituciones liberales e imponer una constitución iliberal; 4) el uso sistemático del patrocinio para premiar a los seguidores y a desplazar a la oposición”.
Aunque el discurso del balcón hizo que muchos vean el principio de un gobierno populista, Petro ha demostrado un compromiso con la Constitución y un ánimo de jugar dentro de las reglas del sistema. Para eso ha buscado acuerdos con otros partidos y morigerado reformas como la tributaria. La condición que ha puesto para negociar con el establecimiento es que este permita reformas económicas. El establecimiento viene aceptando la legitimidad política del Gobierno Petro, pero tiene muchas reservas sobre el alcance de sus reformas y cada vez se opone más a estas. El proyecto de reforma a la salud es el hito que define la puja, pues no se sabe si es una propuesta extrema para negociar o una postura radical intransigente.
Le corresponde al establecimiento político y al económico decidir cuál de las dos ofertas de Petro aceptan. Pero eso depende de que Petro también acepte los límites que le impone la negociación política y no pretenda imponer con intransigencia una supuesta voluntad del “pueblo”.
Petro sabe que tiene dos opciones, que se podrían resumir como el camino de Boric en Chile o el de AMLO en México. Está intentando el de Boric, reformista, y por ahora le está yendo mejor. Si sus reformas no pasan, le queda la alternativa de AMLO, de cambiar poco pero dominar la política usando algunas de las herramientas populistas señaladas arriba.
