La politización de los órganos de control

Para que la Procuraduría pueda “ejercer el control sobre el Gobierno”, dijo recientemente el procurador general. Si quedaba alguna duda sobre la politización de la mayoría de órganos de control, esta afirmación del procurador la despejó.

Porque las funciones de control de la Procuraduría son disciplinarias, no políticas, y por lo tanto no pueden utilizarse en relación con la conveniencia o no de que el general Mora asuma un rol adicional en el proceso de paz, que fue el tema que precipitó al procurador a invocar el supuesto derecho a “ejercer control sobre el Gobierno”. Potestad que tampoco cabe dentro de las funciones de defensa de la sociedad que tiene la Procuraduría, que se desarrollan principalmente en el terreno judicial.

Pero la politización de la Procuraduría al más alto nivel es sólo la punta del iceberg. Las contralorías territoriales son una de las peores víctimas de la politización, porque sus jefes son escogidos por las asambleas departamentales y concejos municipales. Esta es una aberración institucional, porque las contralorías, controladas por los concejales y diputados, tienen la función de vigilar a funcionarios públicos que son recomendados de los mismos diputados y concejales. Es decir, el caso clásico del ratón cuidando el queso.

Cuando el control disciplinario o fiscal pierden su carácter técnico, no sólo dejan de controlar la corrupción y la politiquería, sino que se vuelven sus agentes y cómplices. A pesar de lo evidente de la problemática, del impacto enorme que tiene sobre las finanzas estatales y la eficiencia de las administraciones locales, y de lo fácil que sería corregir el problema, pasa inadvertida cuando se tramitan iniciativas de reforma institucional. Quizá porque no genera escándalos, pues actualmente las contralorías están diseñadas para acallar la corrupción.

En la reforma de equilibrio de poderes en trámite, el Senado aprobó en primera vuelta una solución para el problema. Que los contralores departamentales, distritales y municipales dejaran de ser elegidos por los concejos y asambleas, y fueran escogidos por concurso público de méritos, organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin embargo, la Cámara de Representantes rechazó el cambio e insistió en mantener el sistema actual.

Existe la posibilidad de reintroducir la reforma en la segunda vuelta, para que esta vez el tema tenga mayor notoriedad y sea objeto de una discusión amplia. Después de la eliminación de la reelección y de la profesionalización del manejo administrativo de la Rama Jurisdiccional, esta podría ser la reforma de más impacto en términos de mejoramiento institucional de todas las que contiene el proyecto de equilibrio de poderes, y la única que aportaría a reducir el desequilibrio entre poderes públicos en las regiones.

Está circulando una carta pública solicitando reintroducir en la reforma la elección de contralores territoriales por concurso de méritos, que está siendo suscrita por entidades conocedoras de la problemática como Fundación Liderazgo y Democracia, Transparencia por Colombia, Misión de Observación Electoral (MOE), Congreso Visible, Federación de Departamentos, Unidad de Acción Vallecaucana, Cámara de Comercio de Manizales, entre otras, y por líderes de opinión.