El centro político dominó la segunda mitad del siglo pasado, hasta que la crisis de seguridad del cambio de siglo revivió el sector político radical de derecha, que ganó el poder en 2002.
En 2006 volvió a ganar y el segundo en votos fue un candidato de izquierda, Carlos Gaviria. En 2010 se enfrentó un candidato de centroderecha con uno de centroizquierda (Santos y Mockus), pero muy pronto el sector más conservador volvió a radicalizar la política desde la oposición. En 2014 ese sector buscó correr al candidato Santos hacia la izquierda y alcanzó a ganar la primera vuelta presidencial. En 2018 los extremos políticos de izquierda y de derecha (Petro y Duque) volvieron a desplazar el centro.
La oposición populista desde la derecha, que dividía a la sociedad entre el pueblo puro al que pretendía encarnar y la “élite política corrupta”, engendró una respuesta populista de izquierda que dividía ahora también con las “élites económicas corruptas”, facilitada por el fin del conflicto político armado.
Hoy está en el poder el mismo sector que radicalizó la política a principios de siglo, gracias a que logró polarizar la campaña lo suficiente para que su rival no fuera de centro. Esa circunstancia hizo que buena parte de los votos para ganar no fueran a su favor sino en contra del rival, dejándolo sin un mandato popular amplio y claro, por lo que desde los primeros meses de gobierno perdió el apoyo de las mayorías en el Congreso y en la opinión pública. Eso generó un vacío de gobernabilidad que desembocó en su derrota en las elecciones locales y en votaciones claves del Congreso y en el surgimiento de las mayores protestas sociales de la historia del país.
Para detener la crisis de gobernabilidad, el Gobierno parece estar dispuesto a conseguirla, al menos en el Congreso, sacrificando su bandera más popular —la no mermelada—, haciendo coalición con partidos que cuando estaba en la oposición tildaba de corruptos. Aunque esos partidos son de orientación más de centro, especialmente por su respaldo al proceso de paz, representan un centro clientelista que fue derrotado en las elecciones locales en las grandes ciudades.
Si el péndulo está regresando de los extremos políticos, como indican las encuestas y las elecciones —en Bogotá salió derrotada la extrema izquierda y en Medellín la extrema derecha—, y la falta de apoyo popular al Gobierno no se soluciona con pactos con la centroderecha clientelista, estaría llegando el momento político del centro no clientelista. Este viene haciendo avances en las elecciones al Congreso, pero especialmente a la Presidencia: en 2014 pasó a segunda vuelta y en 2018 lo habría logrado si no se hubiera dividido.
La principal fuente de descontento ciudadano es la falta de reformas y, mientras los sectores más conservadores se niegan a hacerlas, las que proponen desde la izquierda no generan confianza ni parecen viables políticamente. Desde las reformas de 1991, y con la excepción del desarme de las Farc, no se hacen reformas de fondo para combatir las cuatro plagas colombianas: ilegalidad, inequidad, impunidad, informalidad.
El reto para los sectores de centroizquierda es proponer, en el momento oportuno, las reformas realizables que interpreten a las mayorías urbanas.
El centro político dominó la segunda mitad del siglo pasado, hasta que la crisis de seguridad del cambio de siglo revivió el sector político radical de derecha, que ganó el poder en 2002.
En 2006 volvió a ganar y el segundo en votos fue un candidato de izquierda, Carlos Gaviria. En 2010 se enfrentó un candidato de centroderecha con uno de centroizquierda (Santos y Mockus), pero muy pronto el sector más conservador volvió a radicalizar la política desde la oposición. En 2014 ese sector buscó correr al candidato Santos hacia la izquierda y alcanzó a ganar la primera vuelta presidencial. En 2018 los extremos políticos de izquierda y de derecha (Petro y Duque) volvieron a desplazar el centro.
La oposición populista desde la derecha, que dividía a la sociedad entre el pueblo puro al que pretendía encarnar y la “élite política corrupta”, engendró una respuesta populista de izquierda que dividía ahora también con las “élites económicas corruptas”, facilitada por el fin del conflicto político armado.
Hoy está en el poder el mismo sector que radicalizó la política a principios de siglo, gracias a que logró polarizar la campaña lo suficiente para que su rival no fuera de centro. Esa circunstancia hizo que buena parte de los votos para ganar no fueran a su favor sino en contra del rival, dejándolo sin un mandato popular amplio y claro, por lo que desde los primeros meses de gobierno perdió el apoyo de las mayorías en el Congreso y en la opinión pública. Eso generó un vacío de gobernabilidad que desembocó en su derrota en las elecciones locales y en votaciones claves del Congreso y en el surgimiento de las mayores protestas sociales de la historia del país.
Para detener la crisis de gobernabilidad, el Gobierno parece estar dispuesto a conseguirla, al menos en el Congreso, sacrificando su bandera más popular —la no mermelada—, haciendo coalición con partidos que cuando estaba en la oposición tildaba de corruptos. Aunque esos partidos son de orientación más de centro, especialmente por su respaldo al proceso de paz, representan un centro clientelista que fue derrotado en las elecciones locales en las grandes ciudades.
Si el péndulo está regresando de los extremos políticos, como indican las encuestas y las elecciones —en Bogotá salió derrotada la extrema izquierda y en Medellín la extrema derecha—, y la falta de apoyo popular al Gobierno no se soluciona con pactos con la centroderecha clientelista, estaría llegando el momento político del centro no clientelista. Este viene haciendo avances en las elecciones al Congreso, pero especialmente a la Presidencia: en 2014 pasó a segunda vuelta y en 2018 lo habría logrado si no se hubiera dividido.
La principal fuente de descontento ciudadano es la falta de reformas y, mientras los sectores más conservadores se niegan a hacerlas, las que proponen desde la izquierda no generan confianza ni parecen viables políticamente. Desde las reformas de 1991, y con la excepción del desarme de las Farc, no se hacen reformas de fondo para combatir las cuatro plagas colombianas: ilegalidad, inequidad, impunidad, informalidad.
El reto para los sectores de centroizquierda es proponer, en el momento oportuno, las reformas realizables que interpreten a las mayorías urbanas.