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La imagen de la araña que identifica la marca Ron Medellín Añejo, producto de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), no solo está en las sillas de exclusivos clubes sociales: su telaraña ha trepado hasta vallas y pasacalles que invitan a la XXVI Feria taurina de La Macarena en la capital antioqueña.
¿Acaso no es evidente la contradicción que existe entre la Constitución de 1991 (que consagra un trato deferente y consecuente con el bienestar animal) y los funcionarios del Estado que apoyan con dineros públicos o productos de esos dineros (digamos un logo, marca, o imagen corporativa) la celebración de un espectáculo que promueve el maltrato animal?
La sentencia 666 de 2010 determina “Un deber de índole constitucional para el Estado, que implica obligaciones concretas para los poderes constituidos y que, por consiguiente, no pueden apoyar, patrocinar, dirigir, ni, en general, tener una participación positiva en acciones que impliquen maltrato animal; de la misma forma, tampoco podrán asumir un papel neutro o de abstención en el desarrollo de la protección que debe brindarse a los animales”.
¿Neutralidad? ¿Abstención?
La araña, perteneciente a una empresa pública como la FLA, figura en los patrocinios de las corridas de toros en Medellín.
“Los recursos con que se realizará este evento son de empresas privadas, que comercializan los productos de la Fábrica de Licores de Antioquia, y se aliaron con Cormacarena [empresa que ha regentado la plaza de toros en las últimas décadas] para participar de la Feria Taurina de Medellín”, dice una comunicación pública firmada por el vocero de los comercializadores de licores de Antioquia, Camilo Gallo.
Un exfuncionario de la FLA* explica: “Esa carta es absolutamente mentirosa. Ellos no hacen la inversión publicitaria de la FLA. Es todo lo contrario: la FLA destina recursos para apoyar ventas con el mercadeo”.
A un derecho de petición interpuesto ante la FLA, el gerente, Iván Correa Calderón, respondió que no hay contratos firmados con Cormacarena.
La araña del Ron Medellín Añejo, patrimonio público, está tejiendo la red ante la mirada de los contribuyentes…
Andrés Mejía Vergnaud publicó la columna “¿A quién pertenecen las empresas estatales?” (Dinero, 2007); sus argumentos sobre las empresas públicas contribuyen al análisis de este caso: “Para efectos prácticos, es decir, extraer ganancias, estas empresas suelen ser de «propiedad» de los grupos que logren, mediante los procesos políticos, establecer sobre ellas un poder de decisión, control burocrático y obtención de rentas”.
En Colombia, algunos funcionarios se echan al ruedo sin agüeros: lejos de priorizar en la optimización de recursos públicos y buscar el bien colectivo, se especializan en administración pública para escudriñar en las figuras (por ejemplo, de contratación) que les permitan hacerle el “quite providencial” a las cornadas de la ley.
Lo que no saben es que a veces las leyes, como los toros de casta, acuden al engaño… pero, tan pronto aprenden, embisten con toda su fuerza. Y cogen al que es.
*Reserva de identidad a petición de la fuente.
