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«En mi gobierno la impresentable JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] desaparecerá», Abelardo de la Espriella.
«¿No es adecuado que podamos tener diferenciación como se prometió en el juzgamiento de la Fuerza Pública?», Paloma Valencia.
Vuelve y juega: la JEP es el As bajo la manga del oportunismo electoral.
La candidata de la derecha tiene razón: la Fuerza Pública debe ser juzgada de forma diferencial. Al menos tres factores ilustran la responsabilidad superior de los militares en cualquier escenario: 1) Toda guerrilla actúa al margen de la ley; en contraste, la Constitución establece que la defensa nacional les corresponde al Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial; 2) Los guerrilleros no se pensionan con nuestros impuestos; la Fuerza Pública, sí. La Constitución protege ese derecho, merecido para quienes honran su mandato; y 3) Los guerrilleros no reciben condecoraciones en nombre de los colombianos; los militares, sí.
¿Por qué ningún máximo responsable de las ex FARC ha sido condenado a prisión y, en cambio, el exmilitar Publio Hernán Mejía enfrenta una pena de veinte años?
Cuando los comparecientes (exguerrilleros o exmilitares) no reconocen sus delitos ni aportan a la verdad en los juicios dialógicos, pasan al procedimiento adversarial. Hoy, cinco casos atraviesan procesos de ese tipo. (Eran seis, pero el jueves, el coronel (r) Germán Alberto León, quien inicialmente negó sus crímenes, los reconoció ante las familias de las víctimas).
En el caso de Mejía, el juicio adversarial probó su responsabilidad penal como comandante del Batallón La Popa por la comisión de 35 hechos en los que fueron asesinados 72 civiles, algunos de ellos desaparecidos y torturados. Ni en el juicio dialógico ni en el adversarial aceptó los cargos. Sobre la mesa está el descuento del tiempo que ya ha pasado en la cárcel.
Reconocer y aportar a la verdad habría cambiado su suerte. En la justicia ordinaria, Mejía tiene una condena de 39 años y seis meses por 20 homicidios; y otra de 19 años y medio por concierto para delinquir. Su proceso ante la JEP está en apelación.
Lo que omiten o ignoran los tahúres electoreros es que desde la firma del Acuerdo han quedado en libertad 2.114 miembros de la fuerza pública que estaban sometidos a condenas entre 30 y 60 años de prisión por crímenes cometidos durante su servicio. Otros 702 quedaron en libertad condicional. La justicia transicional ha sacado de la cárcel a 2.816 exmilitares.
La JEP ha concedido 497 renuncias a la persecución penal contra uniformados (que no son máximos responsables). Suspendió 175 órdenes de captura. Precluyó 108 investigaciones.
En sus estrados han comparecido 76 terceros civiles, 4.596 miembros de la Fuerza Pública, 12350 ex FARC y 97 agentes del Estado no uniformados. Son 19 los condenados en dos sentencias restaurativas –ambas apeladas y en revisión–. En 21 autos han sido imputados 304 máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre ellos, doce ex FARC, diez exmilitares, y uno mixto (todos actores).
Aunque la JEP está blindada por doce años, no es intocable. Podría «desaparecer» o ser modificada con una reforma constitucional (Referendo, Acto Legislativo o Asamblea Constituyente). El uso del tribunal de paz en el discurso electoral es un mensaje que pretende «proteger a los militares», pero que en realidad desconoce el funcionamiento del tribunal de paz y el respeto por los militares que sí honran su juramento.
La JEP es «impresentable» para quienes temen a la verdad, al juicio de la Historia y su sentencia sin apelación: la memoria colectiva.
*Datos contrastados con juicios públicos, autos y datos de la JEP.
