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Caso 1: Flor cocinó para los asesinos durante los días de la masacre. Señalada como auxiliar de la guerrilla, fue torturada, violada, «amarrada a un palo» y abandonada hasta morir de hambre y de sed. De angustia.
Caso 2: Elena, la hija de Flor, vio por última vez a su mamá atada al tronco de un árbol. Poco después, la niña de catorce años fue sometida a abuso sexual en manada.
Caso 5: Lucía amamantaba a su bebé cuando sintió pasos de animal grande. Atrapadas en la cacería del bloque José María Córdova de las FARC, la joven lactante y su cuñada fueron obligadas a cocinar para la tropa; pasaron a la casa cural y fueron liberadas. Pero la pesadilla no cesó: dos paramilitares regresaron por ellas, arrancaron a la nena de los brazos de la madre, empujaron a Lucía hacia una habitación y la desnudaron sin quitarle el brasier: el violador sintió asco. Mientras la ultrajaba, expresó que quería embarazarla.
Caso 7: Bajo el estigma de guerrillero, Julio César, campesino de 64 años, fue atado de pies y manos y torturado cerca del cementerio: «Le sacaron los ojos, le clavaron un puñal en el pecho, le cercenaron el órgano genital y se lo introdujeron en la boca; finalmente, le dispararon con arma de fuego».
Caso 8: A Margarita, esposa de Julio César, también la tacharon de subversiva. Cocinera por obligación, la quemaron con agua caliente, la golpearon y le cortaron el pelo con una navaja. En la finca El Recreo le suplicó al comandante —a quien identificó como Salvatore Mancuso— que cesaran las torturas. Huyó desplazada con sus hijos.
El 11 de junio de 1996, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a cinco personas en La Granja, corregimiento del municipio de Ituango, Norte de Antioquia. En noviembre del mismo año, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Jesús María Valle, le envió una carta al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en la que advertía la inminencia de una masacre en El Aro.
Entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997, catorce personas fueron asesinadas en El Aro. La incursión del Bloque Mineros dejó 42 casas incendiadas, 1200 reses hurtadas, 1400 desplazados. En febrero de 1998, Jesús María Valle fue asesinado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por estas masacres. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso señala la responsabilidad del exgobernador de Antioquia.
El Nudo del Paramillo fue convertido en un patíbulo de violencia sexual que insiste en esquivar la memoria: siete mujeres, cuatro niñas (11, 14, 15 y 17 años) y un anciano. Solo alias Cuco Vanoy, hoy preso en Miami, está condenado por estos hechos.
La memoria histórica —local, nacional, transnacional— es la nuez de la batalla cultural. La puja por dominar el relato está presente en el reciente discurso de Donald Trump en el que se ubica a sí mismo al lado de los «Padres Fundadores»; en el Arca de Noé de Carlos Alonso Lucio, anuncio de la tabula rasa que promete la «Patria Milagro»; en los grafitis censurados con pintura gris en Medellín; en las publicaciones del canciller Omar Bula contra la JEP, la CPI, los medios de comunicación o los Acuerdos de La Habana…
La violencia sexual en el contexto de un conflicto armado constituye una violación al derecho internacional humanitario. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconoce la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra.
Sobre las masacres de Ituango y el asesinato de Valle, el exgobernador Álvaro Uribe deberá rendir indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación.
Doce casos numerados, reales, resisten a la impunidad. No hay pintura gris que (en)cubra la Historia.
*Testimonios ante Justicia y Paz, FGN y Policía. Nombres cambiados para protección de sobrevivientes.
