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La alfombra tornasolada que rodea al aeropuerto Antonio Roldán Betancur de Apartadó se extiende como un milagro de abundancia; sin embargo, bastaría con “levantar” cualquiera de sus esquinas para descubrir lo que oculta el “oro verde” y para entender que los consejos comunitarios, además de “autoridades administrativas” son palenques modernos, resistencia afrodescendiente.
El relato oficial sostiene que la barbarie en el Urabá antioqueño surgió de las tensiones entre finqueros e “invasores”. Lo que evidencian los datos es que el desplazamiento forzado ha sido un mecanismo sistemático de reconfiguración socioespacial: la Dirección Territorial Urabá de la Unidad para las Víctimas registra 787.000 personas que han padecido delitos como desplazamiento forzado, apropiación ilegal de tierras, desaparición forzada, homicidio, reclutamiento, violencia sexual… Entre 1997 y 1998, casi un 45 % de las víctimas de abandono (forma de despojo) de Colombia correspondían a Urabá.
Dos verbos del conflicto coexisten para ser conjugados en pasado, presente y futuro: despojar y desplazar. (No extraña que los “puntos de calor” en los mapas de violencias colinden con grandes proyectos de infraestructura como Hidroituango o Puerto Antioquia, pero esa es una conversación históricamente vedada: preguntar equivale a ser “enemigo del desarrollo”. Mientras tanto, los otros “puntos” —puestos de vigilancia paramilitar—, pululan como racimos).
Con miras a la reparación, siete organizaciones sociales y representantes de víctimas de Chiquita Brands le exigieron al Estado la incautación de más de 4.000 hectáreas en Urabá, 73 predios a nombre de Agrícola El Retiro S. A., “socia fundadora de Banadex, quien a su vez era 100 % propiedad de Chiquita. Banadex vendió sus propiedades en 2004 a la empresa comercializadora de banano Banacol; con esta compra, Agrícola El Retiro pasa a ser de propiedad de Banacol. En 2020, Banacol y Agrícola El Retiro pasaron a ser filiales de Greenland Investments S.A.S. […] entramado jurídico para no responder por los daños causados y no reparar a las víctimas”, consignan documentos del caso.
La reciente sentencia que condenó en primera instancia a bananeros sostiene que, entre 1996 y 2004, “las industrias bananeras de la zona de Urabá permitieron y auspiciaron la financiación de las autodefensas (…) acudieron a las denominadas cooperativas de vigilancia y seguridad Convivir”. Entre 1997 y 2004, Agrícola El Retiro hizo pagos por $4.695.607.222 a la Convivir Papagayo, con oficinas en la Brigada XVII, en Carepa.
Entre 1997 y 2005, las Convivir controlaron al corregimiento de Nueva Colonia, municipio de Turbo.
Los predios en cuestión están anclados a hitos de violencia: la masacre de Punta Coquitos, la estafa y el despojo de la vereda California, la ruta de las matanzas de Honduras y La Negra. Dichas tierras se ubican en el área de influencia de Puerto Antioquia y están cultivadas por Banacol (empresa que adquirió Agrícola El Retiro, posterior a los pagos a ilegales).
Empresarios como Reinaldo Escobar de la Hoz y Charles Kaiser tenían pleno conocimiento del destino de cada centavo. ¿Acaso ellos y Álvaro Acevedo, John Paul Olivo, José Valverde, Víctor Buitrago o Faud Giacoman no están obligados a reparar?
La tierra es cultivo. Es capital transformable (en paraísos fiscales). Es dominio territorial. Es control social y político. La tierra bananera es oro verde.
La opacidad de las acciones y transacciones para expandir cultivos y acaparar tierras ha sido responsabilidad de bananeras, de bancos, de gobernantes alcahuetas (la declaratoria de “utilidad pública e interés social la gestión predial sobre los predios… del proyecto Puerto de Urabá” de Luis Pérez); de notarios, de jueces. Del Estado.
Los “chiquitos” están donde les permiten “los grandes”.
