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La Medellín de las Putas Ilustres, la Belle Époque de las calles de Lovaina, se transformó cuando la Alcaldía ordenó el traslado de los burdeles al barrio Antioquia. En septiembre de 1951, descentralizaron la prostitución, la alejaron de las miradas lascivas de la prestante vecindad del barrio Prado.
“Depurar” por la vía de la atomización es un sello de las instituciones colombianas…
Con el Decreto 2150 de 1995, surgió en Colombia la figura de las curadurías urbanas para combatir la corrupción y descongestionar los despachos de planeación locales. Para “depurar”.
La existencia de curadurías significaba la posibilidad de adquirir licencias rápidamente para construir y vender con igual prontitud: la oficina de Planeación se había convertido en un obstáculo para los constructores, más aún en una ciudad con el crecimiento vertiginoso de Medellín.
¿El resultado de la “depuración”? La lentitud, la burocracia y la corrupción de las oficinas estatales se trasladó a las privadas para agilizar el negocio de la construcción.
Somos dignos hijos de nuestra madre: solo en España opera una figura remotamente similar, se trata de las “colegiaturas” que otorgan “visados”.
“La norma no previó este tipo de situaciones, por eso los efectos son abrumadores. Tengo la curaduría reventada, todos los ciudadanos haciendo fila”, dijo al programa Vive Medellín de Blu Radio el saliente curador primero de Medellín, Luis Fernando Betancur.
Su sucesor, Carlos Ruiz, “el curador de Space”, no solo está bajo la presión de las víctimas, del alcalde Federico Gutiérrez y del pronunciamiento de Procuraduría que lo inhabilitó durante ocho años para el ejercicio de cargos públicos. Hay un antecedente adicional: este curador había reprobado la evaluación del concurso realizado por la Universidad Nacional de Colombia. En dos oportunidades, todos los participantes la perdieron. Cuando finalmente delegaron dicha evaluación en la Universidad Pontificia Bolivariana, solo un concursante pasó: Carlos Ruiz.
¿Examen mal planteado? ¿Concursantes deficientes?
“Es muy difícil que una persona pueda manejar todas las variables que están implícitas en el licenciamiento, siguiendo las normativas que definen el ordenamiento territorial de una ciudad”, dice un experto de la Universidad Nacional*.
La decisión del Ministerio Público fue apelada por Ruiz, quien empezaría a despachar el lunes. Al momento de la entrega de esta columna, el recurso de apelación no ha recibido respuesta.
Pero, ¿acaso la situación se resuelve si el curador primero deja su oficina? ¿Cuántos curadores urbanos habrán incurrido en las mismas (o peores) ligerezas de Ruiz sin ser pillados porque simplemente no se les ha desplomado un edificio? ¿Cuántos Space habrá engavetados y, peor aún, habitados?
Las curadurías, como las notarías, presentan el problema de delegar en privados una función pública. Con una complicación adicional: ¡los ingresos de las curadurías provienen de los metros cuadrados de licenciamiento!
No es difícil entender por qué Camacol se demoró tanto en manifestarse en público sobre este particular.
El Ministerio de Vivienda permanece en silencio.
Carlos Ruiz no es el único que tambalea. El colapso del edifico Space no ha culminado. Es hora de que Colombia plantee un debate riguroso sobre la existencia esa mafia en que se han convertido las “curadurías urbanas”.
*Fuente reservada
