El deseo de gravar

Ana Cristina Restrepo Jiménez
10 de febrero de 2023 - 02:05 a. m.

Uno de los asuntos más problemáticos de la regulación de la “prostitución legal” y del “modelaje webcam” es la legitimación del reclutamiento. Hace un año, algunas familias de colegios de estratos altos de la vía Las Palmas, en Medellín, protestaron por la instalación de vallas de una academia webcam, una invitación a adolescentes a ganar, en cuestión de meses, el capital que sus padres tardaron décadas en conseguir. Dinero fácil, no tocan el cuerpo, independencia monetaria (como si no dependiera de un ecosistema de explotación) y un dato que no es menor: la líder es ajena a la perfección “fit”, al ideal estético de la publicidad. Una “coach” con un discurso de autoestima y emprendimiento empresarial, cuyo mensaje es: cualquiera puede ser webcammer.

La valla duró un suspiro. Mientras tanto, ¿quién protestaba por el reclutamiento webcam en barrios vulnerables? Medellín ostenta el “honor” de ser líder nacional en dicho negocio.

El proxenetismo hizo ochas durante el confinamiento: familias en bancarrota, estudiantes que abandonaban la universidad, madres cabeza de familia desempleadas. Los trapos rojos en las ventanas fueron la tormenta perfecta: canales de Telegram, episodios de Spotify y publicaciones en otras redes sociales interconectadas catapultaron esta forma de explotación humana.

Antes de ser “potencia mundial de la vida”, Colombia ya era potencia mundial webcam, superando a Rumania (recomiendo la investigación de Ricardo González en SoHo). US$600 millones de ingreso anual. $80.000 millones en impuestos. 130.000 empleos, solo de modelaje.

¿Por qué será que las venezolanas y ucranianas se disputan el liderazgo en este “mercado”? ¿A quiénes prostituyen en las democracias liberales del primer mundo: a sus ciudadanas o a las inmigrantes empobrecidas?

Desde la prostitución callejera hasta las mujeres disfrazadas de niñitas que, frente a una cámara, gimen para que “papi” las “castigue”: la explotación sexual ignoró todas las banderas rojas. Se volcó sobre los trapos rojos.

Es una paradoja que el primer gobierno de izquierda busque lucrarse de la explotación humana. Desde Cartagena, el Ministerio del Trabajo anunció la necesidad de una propuesta de regulación que proteja a quienes “ejercen la prostitución legalmente”, según exige la Sentencia T-629 de la Corte Constitucional. Con el lenguaje, la ministra Gloria Ramírez revela su posición ética: habla de “trabajo sexual”. ¿Dónde está su experticia sindical y feminista si desconoce el concepto de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo, inscrito en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible? “Not just any jobs… quality jobs!”.

¡No es “trabajo”, es explotación, por más “decisión personal” que sea!

¿Qué coherencia guarda el Plan Nacional de Desarrollo al proponer que la producción de “contenido sexual para adultos” financie la “prevención y lucha contra la explotación sexual y la pornografía con menores” (impuesto de 5 %)?

¿Se articularán programas de “inserción laboral” y empleabilidad de mujeres en “áreas no tradicionales” y de “alto potencial” para el país, particularmente “desarrollo digital” y “empleos verdes”? (¡De viejos verdes!).

Dizque “Gobierno del cambio”. Las sociedades más conservadoras son las más interesadas en preservar el “espejo mariano”, el cuerpo de la mujer bajo control. Parir cuando natura mande (“aborto cero”). Someter el deseo —íntimo, involuntario, sacralizado por nuestra educación sentimental— a una transacción comercial. Convertir cuerpos en incubadoras (“regular” la maternidad subrogada).

El deseo incontrolable de gravar es tan deleznable como grabar para controlar y monetizar el deseo.

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar