Parece un juego septembrino, pero no lo es. Dura todo el año. El secretismo en las instituciones públicas es uno de los obstáculos más complejos para el periodismo.
Los periodistas no solicitamos entrevistas y datos por capricho: existen leyes que protegen el derecho a la información, el acceso a la misma.
De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, la transparencia puede ser activa o pasiva. La primera es la información mínima obligatoria que debe estar en las webs de los sujetos obligados. La segunda surge como respuesta a un derecho de petición o solicitud de acceso a información pública.
En regiones como Antioquia, la opacidad raya con la invisibilidad. Está naturalizada. Es inadmisible que algunos periodistas tengan que mantener a la mano un modelo de derecho de petición.
Parece como si el periodismo estuviera a merced de las relaciones públicas, de la cercanía con jefes de prensa (léase “amistad” o la puerta giratoria entre periodismo e instituciones del Estado) o, peor, de lo “bien que se les trate informativamente” a las fuentes. Vetan a la crítica sin sonrojarse.
¿Qué pasa con los derechos de petición? Por ejemplo, la solicitud que el periódico De la Urbe presentó a Federico Gutiérrez sobre el caso #LaBodegaDeFico recibió respuestas evasivas, imprecisas. El alcalde, destinatario del recurso, no fue quien respondió.
Merecen capítulo aparte los jefes de prensa “escudo”, aquellos que impiden que sus patrones abran la boca frente a un micrófono por imprudentes —sin eufemismos: por brutos—. Estos séquitos siempre responderán que “las agendas están apretadas” o ignorarán sistemáticamente las peticiones de información. (Las entrevistas que se consiguen directamente con este tipo de funcionarios suelen evidenciar, además, la elocuencia de la estupidez).
Vamos a la opacidad del cobarde: el silencio. Según la evaluación de los resultados de la certificación de entidades territoriales (2016, para citar una sola vigencia), publicada por la Unidad para las Víctimas, el desempeño de Antioquia fue declarado nulo (calificación cero) en algunos asuntos relacionados con el Acuerdo de La Habana como la “presentación de proyectos para la cofinanciación ante cualquier entidad pública”, el apoyo a organizaciones de víctimas y defensoras de las mismas. La Gobernación les incumplió a las víctimas con la divulgación y socialización de oferta institucional para ellas.
La “Alianza Más Información Más Derechos” destaca el papel de la Procuraduría como garante de la ley de transparencia. La subdirectora de Dejusticia, Vivian Newman, dice: “En Dejusticia hemos evaluado la calidad de sus respuestas a solicitudes de información y hemos constatado que la Procuraduría no cumple ni con los tiempos ni con la carga argumentativa, según la cual, cuando no entregue información, debe evaluar el daño que causaría su entrega”. (Los tropiezos del proceso de paz en Antioquia evidencian los daños por omisión).
¿Dónde están las sanciones para quienes no cumplen con la divulgación? ¿Quién revisa las acciones legales relacionadas con acceso a la información pública?
El secretismo no es “enemigo secreto” del periodismo sino de la democracia. La omisión y el ocultamiento son enemigos públicos.
Parece un juego septembrino, pero no lo es. Dura todo el año. El secretismo en las instituciones públicas es uno de los obstáculos más complejos para el periodismo.
Los periodistas no solicitamos entrevistas y datos por capricho: existen leyes que protegen el derecho a la información, el acceso a la misma.
De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, la transparencia puede ser activa o pasiva. La primera es la información mínima obligatoria que debe estar en las webs de los sujetos obligados. La segunda surge como respuesta a un derecho de petición o solicitud de acceso a información pública.
En regiones como Antioquia, la opacidad raya con la invisibilidad. Está naturalizada. Es inadmisible que algunos periodistas tengan que mantener a la mano un modelo de derecho de petición.
Parece como si el periodismo estuviera a merced de las relaciones públicas, de la cercanía con jefes de prensa (léase “amistad” o la puerta giratoria entre periodismo e instituciones del Estado) o, peor, de lo “bien que se les trate informativamente” a las fuentes. Vetan a la crítica sin sonrojarse.
¿Qué pasa con los derechos de petición? Por ejemplo, la solicitud que el periódico De la Urbe presentó a Federico Gutiérrez sobre el caso #LaBodegaDeFico recibió respuestas evasivas, imprecisas. El alcalde, destinatario del recurso, no fue quien respondió.
Merecen capítulo aparte los jefes de prensa “escudo”, aquellos que impiden que sus patrones abran la boca frente a un micrófono por imprudentes —sin eufemismos: por brutos—. Estos séquitos siempre responderán que “las agendas están apretadas” o ignorarán sistemáticamente las peticiones de información. (Las entrevistas que se consiguen directamente con este tipo de funcionarios suelen evidenciar, además, la elocuencia de la estupidez).
Vamos a la opacidad del cobarde: el silencio. Según la evaluación de los resultados de la certificación de entidades territoriales (2016, para citar una sola vigencia), publicada por la Unidad para las Víctimas, el desempeño de Antioquia fue declarado nulo (calificación cero) en algunos asuntos relacionados con el Acuerdo de La Habana como la “presentación de proyectos para la cofinanciación ante cualquier entidad pública”, el apoyo a organizaciones de víctimas y defensoras de las mismas. La Gobernación les incumplió a las víctimas con la divulgación y socialización de oferta institucional para ellas.
La “Alianza Más Información Más Derechos” destaca el papel de la Procuraduría como garante de la ley de transparencia. La subdirectora de Dejusticia, Vivian Newman, dice: “En Dejusticia hemos evaluado la calidad de sus respuestas a solicitudes de información y hemos constatado que la Procuraduría no cumple ni con los tiempos ni con la carga argumentativa, según la cual, cuando no entregue información, debe evaluar el daño que causaría su entrega”. (Los tropiezos del proceso de paz en Antioquia evidencian los daños por omisión).
¿Dónde están las sanciones para quienes no cumplen con la divulgación? ¿Quién revisa las acciones legales relacionadas con acceso a la información pública?
El secretismo no es “enemigo secreto” del periodismo sino de la democracia. La omisión y el ocultamiento son enemigos públicos.