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6 May 2022 - 5:30 a. m.

El precio del honor

A pocos metros de llegar al jardín jardín infantil o en medio de una piñata, una madre reconoce la voz o la risa de su hijo. Ninguna multitud la distrae de esa presencia ni aplaca el instinto protector que permanece con el tiempo, aun cuando el hijo ya no esté. No importa si son 120 hijos ausentes, el silencio del suyo siempre la aturdirá.

Durante las audiencias de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz en Ocaña, algunas madres de víctimas del caso 03 (Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado) hicieron listas de peticiones al Estado: anhelos de justicia y reparación, pero sobre todo clamores desde el honor.

Aunque la justicia restaurativa planteada por el Acuerdo de La Habana establece diversas vías para resarcir los daños, la lista de las madres es más densa.

En las audiencias de reconocimiento de los crímenes cometidos por miembros del Ejército en el Catatumbo, un acto reiterado de los comparecientes distorsionó su carga simbólica original: nombrar a las víctimas. Nombrar no solo significa dar existencia en el mundo, sino que, en este contexto, recobra la dignidad de las víctimas que fueron presentadas como combatientes ilegales; no en vano, al final del acto, Zorayda Navarro Meneses, hija de Jesús Emilio Navarro Garay, exigió que tanto la Jurisdicción como el victimario nombraran bien a su padre (cuyo cuerpo permanece desaparecido). Pero la distorsión más honda y prolongada fue otra: los comparecientes leyeron en un papel los nombres de sus víctimas. Esa lectura, es decir, que esas identidades ni siquiera permanezcan en la memoria de los victimarios, es la máxima evidencia de la invisibilización y la deshumanización (es probable que ocurra lo mismo en las audiencias de reconocimiento de secuestro con las Farc, próximas a realizarse); hasta los sicarios conocen los datos de sus víctimas antes de matarlas, pero este no era el caso: cual matarifes, ni siquiera sabían a quién sacrificaban. Antes de ser asesinados, estos jóvenes ya estaban muertos, sin identidad, sin historia, sin existencia.

La lista de las madres no es muy extensa. Estas son algunas de sus demandas: (1) llegar hasta la cúpula en la línea de mando, determinar quién dio la orden; (2) limpiar el buen nombre de las víctimas; (3) eximir del servicio militar obligatorio a los familiares y herederos de las víctimas de homicidio en persona protegida, y (4) retirar condecoraciones y ascensos a los militares que estén comprometidos con estos crímenes.

Como ciudadana y contribuyente, ahondo en esta última exigencia: ¿qué implica una condecoración en términos salariales para un militar? ¿Acaso las pensiones actuales de estos imputados incluyen los beneficios de dichos ascensos y honores? ¿Estamos pagando con nuestros impuestos las pensiones “honoríficas” de militares como Publio Hernán Mejía (subcaso La Popa) o Paulino Coronado (subcaso Catatumbo)? ¿Tendría efecto sobre las pensiones de estos altos mandos el retiro de los honores?

Sin restarle valor al símbolo (nombrar, dignificar, confesar en público para obtener beneficios de la justicia transicional), ganar y perder el honor tiene un precio… que lo digan las madres que llevan décadas sin la voz ni la risa, solo con un nombre y su honra.

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