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«Febrero fue el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín: solo hubo 11 homicidos», informaba un titular de El Colombiano en marzo pasado. Al cierre de esta columna, la capital antioqueña registra 155 muertes violentas en 2026 (al mismo corte de 2025, eran 204). 155 asesinatos son un fracaso nuestro como sociedad; sin embargo, esta tragedia se presenta como un «logro»… ¿de quién?
El 21 de junio de 2025, varios jefes de las bandas del Valle de Aburrá, integrantes del Espacio de Conversación Sociojurídico (ECS) del centro penitenciario La Paz de Itagüí, se reunieron con el entonces presidente Gustavo Petro en el denominado «tarimazo», una exhibición innecesaria que hoy es investigada por distintos órganos de control. En ese momento, Santiago Tobón, investigador de la Universidad EAFIT, explicó en Blu Radio que el crimen organizado en el Valle de Aburrá tiene dos niveles: uno de 400 combos, y otro con «alrededor de veinte bandas que controlan los combos». El profesor indicó que el descenso en las cifras de homicidios es una tendencia estructural desde 2012: «Los grupos criminales se han disciplinado […] esto ha sido motivado en parte por la mayor capacidad del Estado; por la amenaza, por ejemplo, de la extradición […]; no imagino a ningún alcalde negociando cuál va a ser la tasa de homicidios de Medellín, pero sí la burocracia de calle –los policías de los cuadrantes, funcionarios, etcétera–, en el territorio, diciendo: “Hermano, si no se controlan, pues vamos a llegar con toda”».
Escuche la entrevista de Blu Radio acá.
«La reducción de homicidios es gracias a la Policía, a la Fiscalía, el Ejército y el trabajo con la Alcaldía», aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras la fiesta vallenata del pasado mes de abril en la cárcel de Itagüí.
Si el presidente Abelardo de la Espriella (ADLE) «desmonta» la Paz Total –política que incluye las mesas urbanas o ECS– podría resolverse el gran interrogante sobre seguridad: ¿el colapso de las tasas de homicidios es producto de la acción coyuntural de las autoridades locales, de una tendencia estructural, o del diálogo con los capos?
El 24 de junio, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social preguntó públicamente sobre los protocolos previstos para la suspensión o terminación de los diálogos; la nueva orientación frente a las iniciativas de paz; y las medidas para garantizar la reducción de la violencia. Son dudas razonables que aún no reciben respuestas.
Poco después, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, alertó sobre una fuga masiva en Itagüí orquestada desde la comuna 3: «Ya tienen los hombres, la plata para poder coordinar las motos de alto cilindraje, conductores y parrilleros armados para sacar a todos estos bandidos».
El reciente nombramiento de la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla –detractora del ECS–, es clave para entender la línea del nuevo gobierno. Asiste la razón a la exconcejal (acusada por la Fiscalía por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal): «Las estructuras criminales conservaron sus rentas ilegales y jamás explicaron cómo iban a desmontar las economías del narcotráfico y el control territorial». Los Bloques Urbanos anunciados esta semana irían en ese camino.
¿Qué hacer ahora con el poder, la gobernanza y las rentas ilegales de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, El Indio; Walter Alonso Román Jiménez, El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, Albert, y Juan Fernando Álvarez, Juan 23?
Mucho se discutió si estos delincuentes tenían la posibilidad de afectar las elecciones. ¿Favorecieron a Iván Cepeda?
ADLE arrasó en los diez municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Medellín (64,45 % de la votación), Itagüí (64,86 %), Envigado (76,31 %), Copacabana (59,93 %), Bello (60,96 %), Girardota (62,05 %), Sabaneta (73,26 %), Caldas (59,39 %), La Estrella (64,62 %) y Barbosa (60,98 %), respectivamente.
Verifique los resultados acá.
La seguridad es el milagro prometido por el nuevo presidente y el actual alcalde de Medellín. El destino de los capos del «tarimazo» no solo tendrá incidencia directa en la vida de los habitantes de Medellín y del resto del Valle de Aburrá; también en el futuro político de Gutiérrez, quien se perfila como el sucesor de ADLE: cualquier movimiento en falso de El Tigre en Antioquia afectará las aspiraciones presidenciales del líder de Creemos.
Concluyó el profesor Tobón: «Hoy vivimos una paz oligopolista […] pero esto es un equilibrio inestable donde cualquier golpe del Estado contra una de estas organizaciones puede detonar una guerra que lleve a que haya más violencia».
Mientras tanto, en las laderas de San Cristóbal, corregimiento al occidente de Medellín, se levanta la cárcel bukelista de máxima seguridad.
*El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, no respondió a los requerimientos informativos para esta columna.
