El patrón del mal

“Hernán Cadavid aceptó la investigación de un caso frente al cual había demostrado cercanía con el investigado”: Ana Cristina Restrepo

Foto: Hernán Cadavid

“… el conflicto de intereses, censura la incompatibilidad entre el interés particular del parlamentario y el interés general contenido en los asuntos de los que debe participar, conocer y decidir en el ejercicio de cualquiera de las funciones congresales, porque de su decisión, en un sentido u otro, el congresista deriva o podría derivar un provecho o ventaja personal o para sus círculos cercanos, con la consecuente afectación de la moralidad, la confianza legítima de sus electores y probidad exigidas de los congresistas”, Consejo de Estado.

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (CLIA), encargada de investigar aforados, es objeto de burlas por su inoperancia. Cuando un caso les es asignado, los representantes que integran dicha comisión obran como instructores extraordinarios regidos por la Ley 600 de 2000, la cual determina sus potenciales impedimentos en el artículo 99.

El conflicto de interés es la clave para entender el mal que consume la CLIA.

El 14 de noviembre de 2023, el entonces presidente de la CLIA, Wadith Manzur, le asignó el Expediente 6288 al Representante Hernán Cadavid para investigar a Álvaro Uribe Vélez por las palabras que el expresidente pronunció en la Comuna 13 (10/09/2023), las fuentes anexas a la denuncia ciudadana eran dos videos, de un influencer y de un noticiero.

Esta es la denuncia:

El 26 de febrero de 2025, Cadavid rechazó la denuncia del Expediente 6288 porque era anónima (¡como si fuera fácil denunciar a un expresidente!) y porque, de los dos videos anexos a la misma, una nota de Noticias UNO tuvo que ser rectificada por orden judicial. La Ley 600 rechaza las denuncias anónimas “que no suministren pruebas o datos concretos”; el caso en cuestión, anónimo, presentaba la misma prueba en dos videos distintos. La rectificación periodística es irrelevante puesto que no se solicitaba investigar a un noticiero sino al fundamento de la denuncia: las palabras de Uribe frente a un grupo de ciudadanos (10/09/2023): “Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar a la guerrilla y a los paramilitares de allá. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares, me tocó dar la orden de sacar a 28 integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia...”.

Solo dos integrantes de la CLIA votaron “no” al rechazo de la investigación: Alirio Uribe y Alejandro Ocampo:

¿Por qué Cadavid nunca declaró su conflicto de interés para investigar a Uribe? El Representante sostiene que “la mera filiación o afinidad política no constituye causal legal alguna de impedimento ni recusación”.

¿“Mera filiación política”?

1. Álvaro Uribe es el líder natural del Centro Democrático, partido al cual pertenece Cadavid, bajo sus banderas fue elegido para el Congreso.
2. Cadavid fue subordinado directo de Álvaro Uribe: ofició como “Asesor III Senatorial” en su Unidad de Trabajo Legislativo desde marzo de 2019 hasta julio de 2020, previo a la renuncia del entonces senador a su curul. Las plantillas mensuales de la UTL lo sustentan.
3. 16/10/2017: Cadavid publicó en la red social X: “Los “defensores de ddhh” se quedaron esperando los miles de cuerpos de la comuna 13 para decir que Uribe los enterró alguna noche”. El fundamento del Expediente 6288 corresponde a la orden presidencial de la “entrada a la Comuna 13” en el año 2002. Es decir, en noviembre de 2023, cuando el Representante recibió el expediente 6288 ya se había manifestado públicamente con un claro sesgo político frente a los hechos que debía investigar.
4. 07/09/2019: Cadavid cita a Uribe en la red X, sobre la Comuna 13: “Creyeron que me iban a asustar con la infamia”. Una vez más, el Representante aceptó la investigación de un caso frente al cual había demostrado su posición política y cercanía con el investigado.

1. 18/12/2024: En La Escombrera son hallados dos cuerpos de personas dadas por desaparecidas. El rechazo del Expediente 6288 fue dos meses después, en febrero de 2025. Las fechas de desaparición de esas dos víctimas, como lo confirmó la JEP para esta columna, corresponden al año 2002, cuando se ordenó “entrar a la Comuna 13”. El Representante/investigador tenía al menos dos razones adicionales para investigar el Expediente 6288. (Hoy son siete razones más: siete los cuerpos hallados en La Escombrera, cuatro plenamente identificados).

1. 23/12/2024: Cinco días después del primer hallazgo, el Representante/investigador se expresó públicamente sobre el fundamento de la denuncia que se le había encomendado. Todavía no había sido rechazado el Expediente 6288.

1. 27/12/2024: A través de la red X, el Representante/investigador cuestionó públicamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), parecía dar lecciones sobre cómo debe actuar un juez sin sesgos, defendió a su investigado:

1. 16/02/2025: Diez días antes de votar el rechazo de la investigación del Expediente 6288, el Representante/investigador defendió a Álvaro Uribe en el Foro Madrid, en Buenos Aires, Argentina. Tildó como “lawfare” el caso Iván Cepeda vs. Álvaro Uribe:

13/05/2025: El Representante, entonces sí exinvestigador “imparcial” de la CLIA, atestiguó bajo juramento ante la justicia ordinaria en defensa de su exinvestigado, en el caso Iván Cepeda vs. Álvaro Uribe:

Queda respondida la petición de “actualización de la información publicada” en mi columna “El guardián del queso”, que el Representante Cadavid envió a El Espectador (después de recursos judiciales, lo reenvió a mi correo personal como corresponde).

Ante su solicitud de rectificación, los puntos anteriormente expuestos evidencian que el guardián del queso dejó de atender el principio básico de imparcialidad. Se contagió del mal de la CLIA.

¿Pérdida de investidura? ¿Prevaricato? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Suenan las risas grabadas ante este sainete?

El Expediente 6288 ilustra el patrón que impide que la CLIA opere: la interpretación acomodaticia del conflicto de interés, la alcahuetería de los integrantes de la Comisión, la opacidad en los sistemas de información a la ciudadanía y, sobre todo, el abuso impune del poder.