Javier no asistió a las ceremonias de grado de sus hijos, ni presenció el proceso que los convirtió en odontólogo, ingeniero financiero y veterinario: “A Dios gracias, con el esfuerzo inmenso de mi señora y con el juicio que tienen mis hijos, logramos acceder a la educación. Estoy feliz porque veo cómo han salido adelante sin la presencia del padre. Desde el encierro, fui el mejor padre que pude”*, dice con la voz quebrada.
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El martes, Javier de Jesús Cadavid Palacios salió de su celda de La Paz, en Itagüí. En 2009, fue condenado a 23 años de prisión por extorsión agravada y enriquecimiento ilícito. Se le vinculó con el Frente 47 de las Farc. Durante 12 años y cinco meses ha clamado su inocencia, ahora lo seguirá haciendo en libertad condicionada, beneficio que le otorgó la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Desde su tienda de abarrotes en Puerto Venus, corregimiento del municipio de Nariño (oriente antioqueño), ofrecía su cuenta como corresponsal bancario a familias de campesinos, miembros de la fuerza pública y el magisterio: “Yo le hacía el favor a gente que llevaba 15 años mercándome en el negocio”. Pero en la cuenta se consignaron extorsiones.
Apenas en el juicio, tras su condena en Manizales, entendió los cargos que le imputaban. Puesto que los investigadores no llegaron a su negocio, ni revisaron su contabilidad, ni recopilaron testimonios en Nariño, asegura que su caso es un “falso positivo judicial”.
Lo paradójico es que los Cadavid Toro son víctimas: “Las Farc destruyeron un negocio que tenía, en las carreteras me bajaban mercancía. Estábamos avisados de que nos iban a secuestrar a nuestro hijo mayor y por eso sufrimos desplazamiento forzado”. El Gobierno les envió una carta de perdón, mientras que a Javier la justicia ordinaria le negaba beneficios a pesar de su buen comportamiento y de sus diagnósticos de EPOC y depresión.
“Fueron las Farc las que deciden presentar a la JEP este caso como emblemático”, explica Mariela Toro, jubilada del magisterio, esposa de Javier. Alias Karina, Marcos Urbano, Moncholo y Gadafi han reiterado que nunca tuvieron relación con este negociante. La maestra recuerda que algunos ganaderos de Pácora y Aguadas (Caldas) certificaron ante una notaría que su marido no era un victimario.
La SAI avocó conocimiento y comisionó a la Unidad de Investigación y Acusación para garantizar los derechos de las víctimas y el cumplimiento de obligaciones de Javier Cadavid.
El populismo punitivo suele protagonizar el debate electoral en Colombia. Según las estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, 32 de cada 100 fallos de primera instancia en materia penal no son confirmados en la instancia de apelación. No extraña que la Nación pague sumas millonarias por condenas equivocadas.
Otro dato ilustrativo: los países miembros de la OCDE tienen un promedio de 67 jueces por cada 100.000 habitantes, en Colombia la cifra es de 11.
Como compareciente, Javier deberá aportar a la verdad (tal vez, con un testimonio más cercano al de una víctima). De triunfar su defensa y posteriormente emprender acciones en contra de la Nación, podría recibir indemnización estatal y reparación de las Farc.
Pero ese no es su interés actual. Su mayor anhelo es que el Estado limpie su nombre.
* Entrevista en #ColombiaEstáAlAire, Blu Radio.
