“Jab or job?”

La señorita X, enfermera independiente, reside en Bogotá, ciudad que registra 29,5 % de los casos de COVID-19 reportados en Colombia (al 29 de junio, según Saludata, sumaba 1’244.585 contagios). La enfermera, quien trabaja a domicilio en el cuidado de una pareja de 94 y 99 años, les advirtió a sus empleadores que no se aplicaría la vacuna. Hoy sus pacientes, ambos vacunados con dos dosis de Sinovac, están contagiados; la esposa ya se recuperó y su marido mejora lentamente. Ambos fueron tratados en casa, sin hospitalización.

Este caso arroja una primera conclusión, en torno a la vacuna de Sinovac: protegió a los esposos de terminar en una unidad de cuidados intensivos o en un cementerio. Sin embargo, evidencia un debate filosófico, ético, de gran calado: después de siglos de luchar por el derecho de las personas a decidir libremente, ¿es legítimo proceder con una vacunación obligatoria?

La respuesta no se puede despachar desde el pedestal moral de “quien no se vacune es un ignorante”. Llevamos más de un año de encierro, pérdida de empleos, violencia intrafamiliar, mentiras mediáticas y en redes sociales, amén del más profundo miedo a la muerte: ¿cómo abordar el asunto con respeto a las leyes laborales, la Constitución y la salud pública?

Con su anuncio de la vacunación a cargo de empresas privadas, el Ministerio de Salud nos inscribe en el debate que desvela a la opinión pública en naciones protectoras de las libertades ciudadanas como Estados Unidos y Reino Unido: ¿qué hacer cuando un empleado rechaza la vacuna? No nos enfoquemos en el movimiento mundial antivacunas (con patrocinadores y maquinarias detrás), sino en el individuo que decide no vacunarse por temores, objeción de conciencia, etcétera.

Por ahora, solo parece existir una claridad: el gremio de la salud es caso aparte.

En Los Ángeles, California, las medidas de contención se han relajado: en un restaurante todo el personal (excepto el de cocina) está sin tapabocas; solo un mesero, de unos 18 años, lo usa. Un cliente, médico que lleva más de un año con rotaciones en la primera línea hospitalaria, le pregunta: “¿Por qué ninguno de sus compañeros usa tapabocas?”, y él responde: “Es política empresarial, soy el único que lo usa porque no estoy vacunado”. El comensal paga y deja una nota: “El primer acto de servicio responsable en una pandemia es la vacunación: cuando usted se vacune, tendrá mi propina”.

El Hospital Metodista de Houston les dio a sus cerca de 26.000 empleados un plazo para vacunarse, so pena de despido: 117 demandaron a la institución. Un juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas desestimó la acción legal interpuesta por la demandante principal, la enfermera Jennifer Bridges, y sus demás compañeros de trabajo.

Las cámaras de televisión llevan semanas transmitiendo protestas con las pancartas: “Jab or job?” (“¿Vacuna o trabajo?”).

Desde enero, en Reino Unido una de las compañías más grandes de plomería implantó la política ‘‘No jab, no job’’ (“Sin vacuna no hay trabajo”), aplicable no solo para empleados, sino para nuevas contrataciones: “Si yo invierto un millón de libras esterlinas en inmunizar a mi personal, ¿por qué no puedo exigir la vacuna?”, dice el propietario.

Tal tensión de derechos (individuales, colectivos) anuncia una temporada de lluvia de demandas y tutelas.