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Me aseguré de ser la última de la fila. Sin afán, ingresé a la primera lección de Anatomía; el impacto del olor a químicos aumentó con las luces blanquísimas y el frío que emanaba del acero de las mesas de embalsamamiento. Lejos de la palidez marmórea y la musculatura de alias Aris Kindt, el bandido de la Lección de anatomía de Rembrandt, nuestro objeto de estudio era de un gris verdoso y apariencia deshilachada, apenas identificado con un número. En un instante, fugaz, cuando mi mente convirtió los tejidos inertes en un hombre tendido, la voz del profesor se tornó en eco lejano y un globo de cocuyos fluorescentes empezó a aletear entre las batas blancas de mis compañeros de Odontología.
Minutos después, estaba sentada en las baldosas del corredor externo, un monitor de Medicina me daba agua, sosteniendo el vaso con su mano: “Ana, mientras veás gente acostada en la morgue, ¡no vas a poder!”. Esa misma tarde me prestó su Atlas de anatomía.
En El Espectador, la Agencia de Prensa IPC narró una historia local que evoca la de la medicina mundial: “En 1996 un estudiante de Antropología de la Universidad de Antioquia denunció que en la librería de los Hermanos Cristianos en el centro de Medellín había un esqueleto humano expuesto para la venta […] un empleado de la Universidad de Antioquia negociaba cuerpos y huesos que antes habían sido utilizados en las prácticas de los estudiantes de Medicina”. Por medio del Convenio 009 de 2008 “se entregarían «a título de uso científico» 200 restos óseos completos del Cementerio Universal, entre ellos cuerpos no identificados, los cuales estarían destinados «a conformar la colección de referencia osteológica del Laboratorio del Departamento de Antropología»”.
Durante una década, dicho convenio se desarrolló sin cuestionamientos, pero en 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inspeccionó su Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense, el cual almacenaba 182 cuerpos exhumados del cementerio comunitario de Orobajo (Sabanalarga, Antioquia), que habían sido trasladados antes de la inundación del cañón del Cauca para la construcción de Hidroituango. La JEP consideró que allí podría haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas. La Unidad de Investigación y Acusación constató que había al menos 120 restos de adultos, 61 con alteraciones perimortem. 26 con impacto de arma de fuego.
La Alcaldía entregó cuerpos no identificados, práctica prohibida por la norma, sin autorización de la Fiscalía. Desde 2019, este laboratorio ha tenido cinco prórrogas de medidas cautelares. La universidad y el cementerio tendrán que responder por qué priorizaron la investigación científica por encima de los derechos de las víctimas.
En Colombia, la cifra estimada de víctimas de desaparición forzada es de 120.000. El compromiso institucional frente a este delito es superior en países con una historia como la nuestra. No solo se trata de que la academia rechace el uso científico de restos de víctimas de muertes violentas; los inventarios que exigen las licencias ambientales para obras públicas deben acoger los requerimientos de las víctimas: si se honra la historia lejana ante la posibilidad de hallazgos arqueológicos, con mayor razón la historia inmediata del conflicto armado.
Es hora de que la JEP abra un macrocaso de desaparición forzada, sus audiencias configuran un atlas de la anatomía del conflicto… la lección que nos negamos a atender.
