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Algunas calles de Medellín parecen estar escrituradas a particulares.
La libre expresión y circulación de los ciudadanos dejaron de ser artículos de la Constitución. Son ideales inalcanzables.
No por ser un mal de antaño, disminuye el asombro...
En una reunión con habitantes de la Comuna 4, un joven le preguntó a Federico Gutiérrez cuánto dinero iba a entregar a cambio de votos. Cuando el candidato a la Alcaldía le replicó —cara a cara— que si se trataba de una extorsión, su interlocutor le espetó: “Así se manejan las cosas por acá”.
Hace casi un mes, intimidaron en la Comuna 3 a dos instaladores de publicidad electoral: personas humildes, sin la más mínima militancia política, que trabajan para una empresa. Esta semana, mientras ataban un pasacalle de Alonso Salazar, también candidato a la Alcaldía, les advirtieron: “Por aquí no pegan nada, mucho menos de ese hijueputa”. Los escoltaron en moto hasta que abandonaron la frontera de “su” territorio.
En otra oportunidad exigieron la consignación de cinco millones de pesos. En hechos recientes, en la Comuna 5, los combos amedrentaron a unos emplazadores de “Compromiso ciudadano”. El “duro” pedía un millón por el derecho de exhibición.
No obstante, sí hay publicidad política: en Manrique Oriental y El Raizal (Comuna 3), por ejemplo, flamean tres pasacalles de Juan Carlos Vélez (Alcaldía, Centro Democrático); y otro más, en un balcón, de Rober Bohórquez, Luis Pérez y Gabriel Jaime Rico (Concejo, Gobernación y Alcaldía, Cambio Radical); en contraste con afiches de distintos candidatos en ventanas y balcones. De la campaña de Federico Gutiérrez no hay rastro: todo desapareció.
El miércoles se llevó a cabo una jornada de instalación de publicidad de Salazar en la Comuna 3, bajo estricta vigilancia policial. “A este hay que desaparecerlo… pero del planeta”, murmuraban en una acera.
Las autoridades del sector afirman que el control proviene de alias “Adier”, quien imparte órdenes desde una celda. Capturado en 2012, le imputaron cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes.
En sistemas democráticos y pluralistas —y sobre todo operantes—, el Estado es el único que impone condiciones sobre los usos del espacio público. No es problema exclusivo de “zonas apartadas” o rurales: al menor descuido del Estado en la ciudad, los delincuentes se apropian del territorio público y extienden el “propio” como si fuera una finca… administrada desde una cárcel.
Un niño del semillero de fútbol de Manrique, no luce la célebre camiseta de “James 10” o “CR 7”. La inscripción sobre la tela reza: “Germán Hoyos Partido de la U”. Lleva cinco mil pesos en la mano para hacerle un mandado a su mamá. Necesita un salchichón para el almuerzo. A las volandas, cruza una calle que no es suya y, “totiado” de la risa, esquiva un bus de la ruta Villa Hermosa-Parque Gaitán-Batallón Girardot.
Desafía el miedo con el ímpetu de los 11 años. Cualquiera diría que es un niño libre.
