El Ángel del Silencio en el jardín cementerio El Universal en Medellín es una invitación al respeto del «descanso eterno» de sus moradores, pero ante todo es una advertencia: las lápidas de los no nombrados están selladas con secretos criminales.
«CNI Masculino 30-06-26. CNI Masculino 11-04-25. CNI Masculino 08-06-23...». No todas las bóvedas son retratos del abandono; la de Estrellita (1998-2023), por ejemplo, es una piedra esculpida con su nombre, un poema, su foto a colores, y dos ramilletes de flores artificiales apretadas en una materita con un brillo de labios. En algunas islas del camposanto diseñado por el maestro Pedro Nel Gómez, se siente el eco de rancheras y corridos, a la sombra de árboles «tuquios» de mangos («¿sí ve que la cadaverina es buen abono?», susurran). Decenas de globos blancos de helio se elevan al cielo, mientras un hombre empañeta un nicho que sí tendrá un nombre propio y dos fechas. Cierra la bóveda y, con ella, el duelo aplazado de la familia de un desaparecido.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016, en Colombia se registró la desaparición forzada de 121.768 personas. Los modelos estadísticos de subregistro permiten estimar que el universo de víctimas puede ascender a 210 mil. La ausencia de los desaparecidos en el debate público obedece a la misma razón de la desaparición forzada: el origen marginal de las víctimas.
El neoliberalismo le cuelga una plomada a la democracia: el pensamiento individualista, votar por quien me conviene. La ética, escribe Adela Cortina, nos recuerda que «es más prudente cooperar que buscar el máximo beneficio individual». En el libro ¿Para qué sirve realmente la ética? (Paidós, 2013), la filósofa española plantea la puja entre el «egoísmo estúpido» y la «cooperación inteligente»: «El egoísmo es suicida porque el egoísta genera adversarios que esperan el momento del desquite, quien apuesta por la cooperación y la solidaridad por el contrario va ganando aliados».
El voto es una acción individual con efectos colectivos, más cuando se vive en un país con los niveles de desigualdad de Colombia. En las elecciones sólo se habla de muertos cuando sus cédulas, hartas de cargar polvo en cajones, llegan a las urnas, o cuando la violencia política armada los convierte en el titular de nuestros miedos e incertidumbres. En la fosa a cielo abierto que es buena parte del país, votar por los desaparecidos es una reivindicación y un acto de memoria, una exigencia de verdad y justicia al Estado.
Cada vez que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, insiste en acabar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desaparece por segunda vez a más de 200 mil personas que yacen quién sabe dónde. Desconoce a quienes ni siquiera han logrado ser reconocidos.
Así mismo, cuando ADLE amenaza con sacar al país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, les echa tierra a los movimientos de víctimas y a las mujeres buscadoras, los verdaderos nunca, los nadie en medio de la nada.
La JEP no es intocable, enfrenta el asedio revisionista y el miedo a la verdad sobre el conflicto armado, el mismo que el nuevo presidente se niega a reconocer. La jurisdicción puede colapsar si el congreso descuida los compromisos adquiridos, si la cooperación internacional se deja intimidar, si el presupuesto gubernamental opta por el ahogo.
Dice Cortina que los «mínimos éticos imprescindibles» para no caer en la inhumanidad son la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el diálogo. Estamos a tiempo. La ciudadanía no puede convertirse en el ángel del silencio de esta necrópolis.
