Pastrana, el periodista

“La jueza Carol Benavides Triana le ha dado la razón al ciudadano @AndresPastrana_ y negado las pretensiones de las señoras @anacrisrestrepo y @AnaBejaranoRG, para quienes deja una lección de ejercicio del periodismo consignada en el fallo”, publicó el expresidente Andrés Pastrana en X (19/08/2026).

En un derecho de petición, le formulamos 33 preguntas al expresidente sobre sus 37 apariciones en los archivos de Jeffrey Epstein desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), también consideramos pertinente que explicara sus versiones contradictorias en medios de comunicación frente a su relación con el explotador sexual de menores y sus cómplices, Ghislaine Maxwell y Jean-Luc Brunel. Nuestra acción emerge del movimiento #NoAlPactoDeSilencio, en el que 171 mujeres con voz pública le planteamos veinte preguntas a Pastrana. Nunca respondió.

Interpusimos una acción de tutela con un centro argumentativo: los hechos en cuestión no pertenecen a la vida privada del exmandatario. La cercanía de un expresidente con personas que controlaban una red de tráfico sexual de menores es un asunto de interés público. La violencia contra mujeres y niñas no se erradica evitando “conversaciones incómodas” y mucho menos resignándonos al mutismo de quienes pueden tener información relevante. Tratados internacionales, como la Convención de Belém Do Pará, comprometen a Colombia con la protección de las mujeres y las niñas.

En su calidad de mandatario, Pastrana accedió a esas relaciones sociales, al punto de permitir a Maxwell el uso de bienes públicos. Exigir respuestas a un expresidente no implica una acusación, significa someterlo al escrutinio al que su dignidad lo obliga ante la opinión pública.

En primera instancia, el Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Bogotá nos dio la razón: las preguntas “no correspondían a la esfera más íntima del accionado”, eran una garantía del acceso a la información para la ciudadanía. El expresidente incumplió la sentencia, jamás respondió. Estrategias dilatorias lo llevaron a la segunda instancia.

El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con funciones de conocimiento de Bogotá revocó la decisión y determinó que debía practicarse un examen para discriminar las preguntas que correspondían al plano íntimo. Nunca hizo tal estudio. Se señaló que el expresidente tiene derecho a no autoincriminarse, puesto que las respuestas podrían acarrear consecuencias penales. De ser así, el presidente debería, por lo menos, reclamar ese derecho.

El mismo que decidió incumplir a su antojo el fallo de la primera instancia, ahora alza los hombros como si hubiese quedado dicha la última palabra que petrifica el silencio. Pero no es así.

Le pediremos a la Corte Constitucional que seleccione este caso para su revisión y resuelva si preguntarle a un expresidente por sus vínculos con la más poderosa red de tráfico sexual de menores es o no un asunto de carácter privado. Para nosotras es de interés público y de dignidad: según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre 2015 y 2025 se registraron 22.697 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual.

El señor patriarca nos habla de “lecciones de periodismo”: eso es lo que hemos cultivado para que en Colombia se rompa el pacto de silencio como lo han hecho otros países.

Nuestro trabajo en este caso no está fundamentado en la opinión. Hemos apelado a la reportería y la revisión de fuentes abiertas como la del DOJ, al análisis de archivos de entrevistas previas del mismo APA, al envío de numerosos derechos de petición a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al Ministerio de Defensa. Hemos obtenido información invaluable de personas como el piloto Julio César Londoño Giraldo, capitán a cargo del BlackHawk en que voló Maxwell. Pastrana no es el único que nos ha negado respuestas; su ministro de Defensa, Gustavo Bell, también lo hizo.

Nuestro periodismo se ha basado en el método socrático -la pregunta- cuya intencionalidad es fiel a una misión básica del oficio: controlar el poder.

Las lecciones nos las ha dado un viejo conservador, nacido en 1855: The Daily Telegraph. En su edición del pasado 19 de febrero relató el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor, la primera vez que un miembro de la familia real era arrestado en la época contemporánea. ¡El diario británico celebró que se le hicieran las preguntas correspondientes al hermano del Rey Carlos III de Inglaterra! No hay sangre azul que pase por encima de la dignidad de una niña, Virginia Giuffre.

Pero hay más lecciones. La BBC pudo lavar la imagen del entonces primer ministro, Keir Starmer, por haber elegido a Peter Mandelson (presente en los archivos Epstein) como embajador del Reino Unido ante los Estados Unidos, pero eligió hacer periodismo: atribuir responsabilidad política es controlar el poder. En Colombia, la complacencia del statu quo con Pastrana revela cómo funciona el pacto de silencio patriarcal.

Sobre todo, aprendemos las lecciones de la gran Julie K. Brown, la periodista del Miami Herald que destapó el escándalo de pederastia más grande de la historia de la prensa moderna que involucra a los más poderosos.

No somos expresidentas ni hijas de presidentes. No ostentamos poder político ni económico, nuestras herramientas de poder son las que nos ofrecen la Constitución y las leyes y el periodismo libre en un Estado de derecho.

Hemos aprendido muchas lecciones, en especial las que nos deja el silencio de quien parece haber olvidado la dignidad presidencial y la misión del periodista. Por eso, una vez más le exigimos como periodistas y ciudadanas: responda, Andrés Pastrana.

*Esta columna de periodismo colaborativo se publica en El Espectador y Los Danieles.