Póker de reinas

La terna para dirigir la Fiscalía General de la Nación (FGN), propuesta por el presidente Gustavo Petro en medio de la crisis institucional, es una decisión que ha sido destacada por la autonomía y experiencia de las postuladas (Amparo Cerón, Ángela Buitrago y Amelia Pérez). Con todo, el valor a gran escala de esta acción afirmativa es que podría beneficiar a las mujeres más vulnerables en Colombia.

Aunque este alto cargo ya lo han ocupado mujeres, son cinco las razones que evidencian la urgencia coyuntural de un símbolo que se traduzca en acciones, reivindicaciones y la reparación del daño causado por la justicia colombiana. En primer lugar, hace cuatro meses, la Corte Constitucional le ordenó a la FGN poner en marcha un plan de formación de sus funcionarios para garantizar que las investigaciones por violencia intrafamiliar contra las mujeres respeten la administración de justicia con perspectiva de género e impidan “actos de violencia institucional en contra de las denunciantes”.

Adriana Arboleda, abogada defensora de derechos humanos, lamenta la impunidad transversal a las violencias basadas en género y explica: “No hay una política para prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores: eso va a depender de que alguna de estas tres mujeres tenga la voluntad de estructurar una política criminal en ese sentido. No basta con que sean mujeres si no se comprometen realmente a cambiar las estructuras de poder”. En el mismo tenor, la segunda razón: la declaratoria de emergencia nacional por violencia machista.

En tercer lugar, la administración de justicia es uno de los obstáculos para el cumplimiento de las sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022 que establecen las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo: es probable que las prioridades en política criminal de una fiscal general se orienten a proteger a las mujeres más vulnerables que se ven en la necesidad de abortar, en lugar de perseguirlas. Cuarto, el conocimiento de la aplicación del Código Penal por parte de las ternadas permite intuir que trabajarán sobre las transformaciones necesarias y las irradiarán desde arriba. Entonces, se podría esperar que atesoren el valor de la verdad en casos de crímenes contra las mujeres, como los cometidos por alias Otoniel.

¿“Una fiscal general es garantía contra el machismo”? No, pero Colombia no es la misma que les tocó a Viviane Morales o a Martha Lucía Zamora. La sociedad civil es otra, como lo son la Corte Constitucional y otras instituciones. La penalista Helena Luna señala: “Indirectamente contribuye a una sociedad más igualitaria, en la que sea más frecuente ver a la mujer como par y como directora de entidades estructurales”. Hoy la presión civil a favor de la equidad es más fuerte —¡sabemos en dónde le duele al patriarcado!—. No hay quinto (motivo) malo: domesticar el pacto de machos que carcome las entrañas de la Corte Suprema de Justicia, que “sí o sí” tendría que elegir a una fiscal general.

Es preciso insistir para que esta terna no sea ni temporal, ni distractora de la opinión pública, ni mucho menos una “neutralización temprana” del poder de Francisco Barbosa.

En un país acostumbrado al as bajo la manga, atreverse con lo que parece un póker de reinas no es poca cosa. No siempre es imbatible, pero hoy es la mejor jugada. O, al menos, la más limpia.