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Un 70 % de los medellinenses cree que la corrupción en el sector público es frecuente, 66,2 % considera que es un problema grave, 49,2 % piensa que es “indestronable” y 55,7 % afirma que nos acostumbramos a ella.

En contraste, uno de cada cuatro habitantes de Medellín justifica presentar una cuenta de servicios ajena con el fin de obtener beneficios.

Estos son algunos resultados de la encuesta de percepción de Corporación Región (CR) e Imark, presentada en el encuentro “Corrupción en Medellín: problemas y retos”, que contó con la participación de académicos, periodistas independientes, políticos de elección popular (Partido Verde, Dignidad y Pacto Histórico) y otros sectores de la sociedad civil. El evento, organizado por Transparencia por Colombia y CR, desenmascaró, por un lado, la inoperancia (¿complicidad?) de los entes de control y, por otro, demostró que los constantes golpes de opinión de Daniel Quintero (acoso judicial a periodistas, difamar a personas e instituciones, instrumentalizar el discurso en torno a Hidroituango…) no solo mantienen a las audiencias cautivas, sino que distraen la vigilancia, el control sobre las aguas turbias que corren bajo los escritorios de su administración. “Los hermanos Quintero Calle son los Moreno Rojas de Medellín”, reitera Luis Peláez, diputado del Partido Dignidad.

“Entidad que uno revisa, sale pus...”: con ese preámbulo, el concejal Daniel Duque, del Partido Verde, señaló tres hitos de corrupción en esta administración. (1) Buen Comienzo: entregó la contratación de entorno familiar a Colombia Avanza, cercana al clan Suárez Mira; (2) EPM: el populismo y la burocratización de la empresa; (3) chatarrización: la Contraloría decidió intervenir el contrato.

Piedad Patricia Restrepo, de la veeduría Todos por Medellín —que se declara independiente de los partidos políticos—, lamenta el retroceso en la calidad de vida en la ciudad por ineficiencia y corrupción: “La forma de gobernar de Quintero mina la confianza entre actores que habían trabajado juntos: el sector privado, la universidad y las organizaciones sociales (…) esa es la diferencia con anteriores administraciones que buscaron unir esfuerzos para construir”.

Ahora bien, la corrupción no es nueva en Medellín ni es exclusiva de Quintero. Desde febrero de 2018, Lucía Mercedes Ossa, coordinadora del proyecto “¿Se puede hablar de corrupción en Medellín?”, señaló la contramarcha de Antioquia y su capital en transparencia de la gestión pública. Entre las dimensiones que desde entonces han desmejorado, subrayó dos: la organización y la exposición de la información (control interno y gestión documental; desde 2015, Medellín ha caído 764 puestos en el Índice Global, con descalabros en visibilidad de la contratación). Esto supera el desprecio por el acato a la norma, el desconocimiento del sector público o la falta de experiencia por parte de los funcionarios.

¿Más pañitos de agua tibia? ¿Cómo drenar esta herida? ¿Y la sociedad civil?

En el encuentro sobre corrupción, Ossa aseguró: “(…) Las denuncias que se hacen en Fiscalía, Procuraduría, Personería, medios de comunicación y Concejo no encuentran una respuesta oportuna, satisfactoria, ni investigaciones y sanciones en los entes de control: eso explica en parte el desinterés de la ciudadanía, el miedo a denunciar, la desesperanza”. Vanesa Restrepo, cofundadora del medio de investigación El Armadillo, sintetizó lo que significa solicitar información de esta Alcaldía: “Es un ejercicio de paciencia y resistencia”.

Daniel Quintero prometió innovación y cumplió: nunca la corrupción había sido tan temeraria.