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El tipo fornido, miope y con deficiencias auditivas que inspiró a escritores de suspenso como John le Carré tiene en vilo a un país cuyo débil Estado finge ser ciego y sordo.
El fantasma de Rafi Eitan, el legendario cazador de Adolf Eichmann, estremeció en el portal periodístico Los Danieles: Alberto Donadio, pionero del periodismo investigativo en Colombia, desveló posibles vínculos del espía con el presidente Virgilio Barco y el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica (UP).
¿Existió una victimización sistemática orquestada por el Estado, el “genocidio por razones políticas” que reclaman tantas víctimas?
No se conoce una constancia escrita de las órdenes del presidente. Es improbable referirse a una “prueba reina”, no solo por la complejidad que entraña comprobar si las omisiones de un mandatario fueron voluntarias, sino porque es prácticamente imposible que un Estado planee y documente una victimización sistemática. O no se dejan evidencias, o se eliminan.
En marzo de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 006: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado”. Desde entonces se han recibido tres informes (Fiscalía, Centro Nacional de Memoria Histórica y Corporación Reiniciar) para la consolidación de una base con el total de víctimas, que está en su fase final: “Los estimativos de crímenes contra la UP son superiores a lo que normalmente se menciona”, asegura una fuente del tribunal.
La JEP ha tomado 80 horas de testimonios y ha citado a versión voluntaria a 13 servidores públicos, dos generales, un coronel y tres altos funcionarios del antiguo DAS, entre otros. Ha realizado más de 150 inspecciones judiciales. De más de 400 posibles responsables, próximamente llamará a versión a 10 exmiembros del DAS y cuatro oficiales del Ejército.
Hoy, cruza y analiza las pruebas documentales en conjunto con miles de testimonios e indagatorias de expedientes recolectados durante 30 años (cobra sentido la dedicación de jueces, fiscales e investigadores anónimos que han cumplido con su labor). Aunque la JEP no ha recogido hasta ahora ningún testimonio que mencione a Eitan, ni en Colombia ni entre exiliados en distintas partes del mundo, bastaría citar el expediente de Yair Klein para evidenciar que sí ha habido relaciones de mercenarios con instituciones como el DAS y el Mindefensa.
Los vínculos del poder político y estatal con la violencia contra militantes de la UP no son nuevos. Prueba de ello son las condenas a políticos como César Pérez García por la masacre de Segovia, o los miembros del DAS vinculados al asesinato de Diana Stella Cardona, alcaldesa de Apartadó de la UP…
No es una historia de ficción, ni estamos cerca de “pasar la página”.
Donadio ha sido citado por la JEP. Le seguirán militares en retiro de alto rango. La debilidad institucional ha llevado a que sean el periodismo de investigación (¡el testigo protegido es un recurso legítimo!) y un modelo de justicia transicional los que abran los ojos de los colombianos y griten al oído del poder. Después de 35 años, revive la pregunta de la UP, la misma que ahora se formula el partido FARC tras el asesinato de 250 reintegrados: ¿quién dio la orden?
