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«¿Cómo no se me ocurrió esto?”, intento imaginar en su celda a José Miguel Narváez, exdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, si acaso se enteró de la presencia del director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía, en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia (UdeA).
–¿Cómo hubiera reaccionado usted, egresado de la UdeA, si un presidente, por ejemplo, Álvaro Uribe, hubiera nombrado a Narváez como representante ante el CSU?, le pregunto a Mejía.
–“Son tiempos distintos. En este gobierno no perseguimos a los estudiantes ni a los profesores del país como sí sucedió en otros tiempos, soy un ejemplo de ello”, el Licenciado en Educación Física de la UdeA, me responde con un triple salto mortal argumentativo (la falacia de juzgar las acciones según quién las hace y no por las acciones mismas).
–¿El rector, John Arboleda, sabía que usted es del DNI?
–“El estado ideal de mi cargo es la reserva absoluta…”.
El 13 de marzo de 2024 se designó a Mejía en reemplazo de Salomé Restrepo. Me falta humor para encontrarle gracia a la imagen de un agente de inteligencia deliberando en la mesa directiva de una universidad pública, ni Inspector Gadget, ni Scooby Doo, ni Súper Agente 86. Figuremos un mundo paralelo en el que Mejía no se reunió con “Calarcá” ni adelantó acuerdos con disidentes, como lo señala la investigación de Ricardo Calderón: ¿Cómo es posible que nadie en el CSU se preguntara por el cargo que Mejía ocupa en el gobierno? ¿Se normalizó compartir la mesa directiva “sin duda alguna”? ¿Quiénes sí sabían que era un agente de inteligencia?
El CSU está integrado por nueve personas. Por su designación directa, tres no están obligadas a presentar su hoja de vida (delegado del Ministerio de Educación, MEN, del presidente y del sector productivo) bajo la lógica de que quien delega, analiza a su representante. Es decir: el presidente Gustavo Petro debe responder por Mejía; el CSU no tiene potestad para retirarlo.
Los representantes estudiantiles en el CSU expresaron su rechazo.
Mejía pasó de líder estudiantil a topo de salón. Gerenció la campaña a la Asamblea de Hernán Torres (diputado liberal cercano a Julián Bedoya). Fue contratista de la Alcaldía de Itagüí. En 2017, el partido Liberal lo avaló para la Cámara por Antioquia.
Las sesiones del CSU son grabadas por un sistema de la Gobernación de Antioquia; sin embargo, Mejía propuso que “fueran transmitidas en tiempo real a la comunidad universitaria para garantizar una mayor transparencia”. Fue derrotado. “Lo anterior me enseñó que la transparencia en la universidad dejó de ser un baluarte”, concluyó el funcionario de reserva absoluta quien asistió a 28 reuniones entre marzo de 2024 y noviembre de 2025. Faltó a tres.
En 28 encuentros nadie preguntó “¿Qué hacés en este gobierno?”.
La crisis financiera de la Alma Máter es responsabilidad de la rectoría, la Gobernación y el gobierno nacional, entre otros. En julio, el MEN ordenó «medidas preventivas y de vigilancia especial» para la UdeA, el oficio explica “no se evidencia ningún plan de contingencia para superar las situaciones adversas”. En septiembre, se designó una Inspectora In Situ para la ejecución de las medidas. Según Mejía, esa inspección “no guarda relación con su cargo”.
¿Desviamos la mirada porque es un gobierno de izquierda? ¿Dónde queda el principio de autonomía de la UdeA? ¿Olvidamos la cicatriz que dejó la persecución a profes y estudiantes en años como 1987?
Hoy, yo no dudaría en protestar para proteger los valores de la universidad pública.
