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Este lunes comenzará la fase de defensa de Álvaro Uribe en el juicio en su contra por fraude procesal y soborno a testigos. No es la primera vez que se vincula al expresidente con presuntas ilegalidades: ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Salvatore Mancuso incriminó al exgobernador de Antioquia por las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato del abogado Jesús María Valle. Aunque ha sido mencionado en audiencias del macrocaso 03 de la JEP (“Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”), Uribe no ha sido investigado por ese delito.
En casa nada pasa, bastan tres ejemplos: 1) La JEP no puede “tocar” expresidentes; 2) Las chuzadas del DAS, ocurridas durante sus mandatos, fueron a Uribe lo que el elefante a Ernesto Samper; y 3) Las estrategias dilatorias de su defensa en el actual proceso penal ya “son paisaje”.
Aquello de “luz de la calle, oscuridad de la casa” no aplica. La penumbra es total.
El Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) explica el alcance de la “Operación Europa”, una serie de acciones ilegales desplegadas por el DAS y distintas embajadas de Colombia en ese continente durante los períodos de 2004 a 2006, y entre 2009 y 2010. Fueron al menos cuatro operaciones: “Extranjeros”, “Internet”, “Transmilenio” y “Europa”.
La CEV confirma que el Estado es responsable de la “extensión de las acciones del DAS más allá de las fronteras”. En España y Bélgica se emprendieron procesos judiciales: “El único rasgo común que acompañó a los dos fue la falta de colaboración del Estado colombiano con la justicia belga y española”.
Hoy, algunas víctimas se preguntan si la impunidad internacional escribe un nuevo capítulo. Es lo que la CEV denominó la “polarización en el contexto transnacional”.
El 9 de noviembre de 2023, once familiares de “falsos positivos” y tres organizaciones de la sociedad civil (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Jurídica Libertad y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) interpusieron una querella contra Uribe en Argentina. En el marco de la jurisdicción universal, se investiga su presunta vinculación –como jefe máximo de las Fuerzas Armadas– con desapariciones forzadas de civiles que luego fueron presentados como bajas en combate.
El 18 de octubre de 2024, el juez federal Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, envió un exhorto al “Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación” para su trámite ante la Cancillería colombiana. Dicho requerimiento de información se supone que saldría de la Cancillería Argentina para surtir el conducto diplomático ante la Cancillería Colombiana, que a su vez remitiría los oficios a las entidades pertinentes. Las respuestas seguirían el mismo curso.
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirman que, al cierre de esta columna, no han recibido requerimientos de asistencia judicial de sus homólogos del gobierno Milei. ¿Viva la impunidad, carajo?
