El agua que producen es prioridad sobre las minas que existen en el millón cuatrocientas mil hectáreas de páramos que tiene Colombia, y albergar aquí el 60 por ciento de los páramos del mundo contiene una responsabilidad propia y otra ajena.
Esta obligación estatal de protegerlos es la que ha entrado a recordar la Corte Constitucional al prohibir que sigan en vigencia las licencias de explotación minera entregadas a la fecha.
En momentos de intensa sequía como la de este Fenómeno del Niño 2016 resulta imposible comprender que pueda considerarse el interés privado de las empresas mineras sobre la reserva natural que significan estos santuarios que se extienden en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Cauca, Tolima y Nariño, que apenas están en el proceso de ser delimitados, tarea que le ha delegado el Ministerio de Medio Ambiente al Instituto von Humboldt. Es el de Santurbán en Santander el primero en tener su demarcación completa.
Como dice la WWF, el subsuelo del ecosistema de páramos retiene más de mil toneladas de CO2 por hectárea mientras la selva retiene solo 50 toneladas. Este solo dato los tendría que convertir en objeto de protección obligada, además de ser de todos los ecosistemas el más frágil al cambio climático porque son las lluvias las que los mantienen y el aumento de las temperaturas los disminuyen a velocidad desconcertante. El Ideam considera que podrán desaparecer, de seguir como van las cosas, un 56% de los páramos en Colombia en el 2030, con las peores consecuencias para la sostenibilidad ambiental del país.
Los intereses privados tienen tituladas hoy 79 mil hectáreas de páramos, 27 mil ya explotadas, o sea que aún faltarían por entrar a funcionar 52 mil hectáreas más con minas, de las cuales la Agencia Nacional de Minería alega que son en total “solo” el cinco por ciento de la extensión de páramos que hay en Colombia. Esta convivencia imposible entre la minería y el páramo que viene de atrás y encarna la locomotora que activa la economía para el gobierno anterior y para este, pone en riesgo concreto la supervivencia del país actual y también del que sigue.
Precisamente Thomas van der Hammen, de quien tanto se ha hablado por la reserva forestal que hizo en Chía, fue uno de los primeros en descubrir los páramos y su significado, tanto en la Sierra Nevada del Cocuy como en otros que son casi inaccesibles en la Cordillera Occidental y tienen un alto nivel de endemismo. Él advirtió hace décadas la amenaza que podían llegar a ser los cultivos de papa que se habían empezado a extender en los páramos. Hoy el riesgo se ha multiplicado para ellos, no solo por explotación agropecuaria sino también por una extracción minera que usa el suelo hasta agotarlo para sacarle carbón (hay 262 títulos mineros), oro y metales preciosos (112), otros minerales (53), materiales de construcción (42 licencias), esmeraldas (3) y níquel (1).
Estas autorizaciones que se habían dado desconocían la reserva que mantienen los páramos en su subsuelo así como también en su flora capaz de mantener la humedad y concentrarla, para condensar y filtrar el agua que hoy se acaba con claridad ante nuestros propios ojos. Es la sed que llega. Tiene que entrar la Corte Constitucional a poner en orden la casa para recordar la prioridad del interés vital que está por encima de todos los demás, sin que nadie pueda alegar que nos va a costar cara esta medida. Caro pagamos el no darnos cuenta de que los páramos son una prioridad vital de nuestra geografía.
