El jueves 10 de enero fue un día especial para los colombianos: todos
con entusiasmo celebramos la esperada liberación de Clara Rojas y
Consuelo González de Perdomo por parte de la guerrilla de las Farc y
posteriormente el encuentro con sus familiares.
En medio de esta alegría, sólo se oía como principal actor al presidente de Venezuela, quien intervino como facilitador después de varios intentos fallidos de liberación. Él se llevo la atención mundial como el gran redentor y, debo decir que tristemente, poco se habló de Colombia y de la función realizada por el Gobierno al autorizar y cumplir los acuerdos en la zona de entrega de los secuestrados. No solamente no hubo quien representara a nuestro país sino que éste tampoco fue mencionado.
La situación es compleja y la intervención de Chávez se ha convertido en una intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Así lo demuestra la solicitud de Chávez —al parecer acordada con la guerrilla— a la comunidad internacional para que se les quite a las Farc el calificativo de terrorista e igualmente las menciones al presidente Uribe como instrumento del imperio norteamericano y promotor de la guerra.
A la mencionada dificultad de la relación de Colombia con Venezuela y en concreto con Chávez se suma la inquietud sobre el futuro del acuerdo humanitario y aún mucho más preocupante sobre lo que va a suceder con los secuestrados que todavía están en manos de la guerrilla.
La necesidad de un acuerdo humanitario es urgente y el camino que ha tomado el gobierno de contar con la Iglesia, en concreto con la Conferencia Episcopal, como negociadora es, a mi juicio, buena. Sin embargo, preocupa el hecho de que mientras se establecen los puentes de comunicación sea Chávez el que se mantenga en el papel, más que de promotor de la liberación, de promotor de la guerrilla; en efecto, todo parece indicar que ha convertido lo primero en medio para lo segundo.
La situación no es nada fácil pues enfrenta el hecho de que Chávez es eficaz e importante en una negociación y por supuesto en una liberación, con su creciente ingerencia en los asuntos colombianos y sus agresiones contra el presidente Uribe. Simultáneamente es evidente el hecho de que la situación de los secuestrados es insostenible tal y como el país entero pudo observar con las pruebas de supervivencia y las cartas que entregó Consuelo González de Perdomo. El país debe entonces decidir cuál es el precio que ha de pagar para obtener el regreso a la vida de quienes han sido plagiados. Personalmente creo que en esta decisión mucho ayudaría el que en todo caso se mantenga la presencia de Piedad Córdoba.
Aquí el tema es que el Gobierno, y muy en concreto el Presidente, debe definir con claridad la voluntad de hacer un Acuerdo Humanitario que es cada vez más necesario y trabajar igualmente y de manera simultánea para la liberación de las mujeres, Íngrid Betancurt y Gloria Polanco y de aquellos que se encuentran enfermos y en delicado estado de salud, como se pudo ver en los periódicos con los relatos del coronel Luis Mendieta y de Jorge Eduardo Gechem, cuyas vidas peligran en cada momento, el uno por estar paralizado y el otro por sus problemas cardiacos (siete preinfartos) y de columna. Esta finalmente debe ser una cruzada nacional.
Las palabras del coronel Mendieta son conmovedoras cuando dice: “No es el dolor físico el que me detiene, ni las cadenas en mi cuello lo que me atormenta, sino la agonía mental, la maldad del malo y la indiferencia del bueno, como si no valiésemos, como si no existiésemos”.
Y creo que lo importante de lo que ha pasado es que poco a poco todos nos vamos involucrando cada vez más, siendo solidarios y participando para que la indiferencia no solo sea la que reine en las vidas de los colombianos y sea lo que observa la guerrilla y todos pidamos por la liberación de estos secuestrados y un Acuerdo Humanitario.
