TODOS RECUERDAN LAS FAMOSAS grabaciones del miti miti, en las que dos ministros se repartían las comisiones por la adjudicación de una emisora.
Estas grabaciones salieron a la luz pública gracias a la prensa y, en su momento, a nadie se le ocurrió cuestionar la chuzada de teléfonos pues, finalmente, con ello se destapó un escándalo que tuvo sus consecuencias políticas y penales.
Las grabaciones producto de interceptación de teléfonos no son nuevas; para unos son armas de guerra y así se usan para la inteligencia y la defensa de la nación. Me refiero a las que se le hacen a los miembros de los grupos al margen de la ley como la guerrilla, los ‘paras’ y los delincuentes, entre otros. Están amparadas en el sistema legal y son validadas por la gente ya que nadie las cuestiona pues son hechas en función del interés común.
También se usa este instrumento como arma política en la medida en que se “espía” a los miembros de la oposición y a los contradictores del Gobierno, de tal manera que con ello se obtiene información relevante para anticipar sus pasos. Se han conocido casos de grabaciones hechas a miembros del mismo Gobierno para tener mayor control sobre ellos. En todos estos eventos la “justificación” es de carácter profesional.
Hay, sin embargo, otros casos en que la intromisión busca asuntos relacionados con la vida privada a efecto de lograr chantajes o desprestigio público. Están asociados la mayoría de las veces a la prensa amarillista y del espectáculo que se presta a la compra y publicación de grabaciones que obviamente violan el derecho a la privacidad y a la intimidad. Muy común es esta práctica en países como Inglaterra, en el que basta recordar las grabaciones entre el Príncipe Carlos y su entonces amante Camila Parker, que puso en jaque la monarquía. En estas ocasiones el público quiere circo y entonces nadie cuestiona el método usado para obtener la diversión, en una clara actitud de doble moral.
A este fenómeno que se viene generalizando, al menos desde la perspectiva del conocimiento que de él tiene la opinión pública, hay que ponerle fin; me refiero al uso indebido y al margen de la ley que las sociedades actuales parecen estarle asignando para obtener información que alimenta el entretenimiento y la chismografía.
Se trata en efecto de la defensa de un derecho fundamental que como el de la intimidad y la privacidad debe reglamentarse castigando severamente el mal uso y el abuso que de él se haga.
Cierto es que son generalmente los gobiernos con tinte autoritario los que usan este tipo de mecanismos tal y como ocurrió durante la Guerra Fría y con Fujimori en unión con Montesinos, para sólo mencionar algunos ejemplos. Da tristeza que en Colombia esto se haga y que no pase nada. ¿Quién lo ordena? Nadie responde. ¿A quién le llegan estos informes? Nadie sabe. Y ya son varios los casos que involucran tanto a la Policía Nacional como al DAS y en los que pagan justos por pecadores.
El país de luto. Hay seres que marcan diferencias: Roberto García-Peña es uno de ellos. Pasó por la vida dejando huella en lo profesional y en lo humano. Dejó huellas con sus artículos periodísticos, siempre agudos y siempre reflexivos. D’Artagnan, como su nombre periodístico lo indica, fue un mosquetero que defendió ante todo sus principios y sus amigos. Sus lectores lo vamos a extrañar. A su familia mi condolencia.
