EL PROBLEMA DEL DAS SE HA CONvertido en un debate político en el que están pagando justos por pecadores, pues hay sin duda funcionarios honestos que cumplen a cabalidad sus funciones relacionadas con la seguridad.
Es como cuando señalan a todos los colombianos como mafiosos y malos por unos cuantos; en este caso la institución sufre por la negligencia o abusos de algunos directores y subalternos, aunque no se puede generalizar. El DAS tuvo su origen como Departamento Administrativo del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) en 1953 como una institución de inteligencia para la seguridad interior y exterior de nuestro país, que fue reformada unos años después para convertirla en una institución especializada de seguridad y, muy especialmente, de seguridad presidencial. En este sentido es claro que la seguridad comprende labores de inteligencia, pero los problemas surgen en la medida en que los funcionarios la han usado no para la seguridad del Estado, sino para la seguridad de un gobierno o para intereses particulares, diezmando así el Estado de Derecho.
Los problemas son numerosos; primero la institución se ha tenido que adaptar de manera forzosa a los desafíos que aparecieron en el país como el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia. El problema de hoy tiene su origen en la medida en que los asesores de un Presidente buscaron controlar la oposición a través del espionaje y seguimiento a través de la inteligencia institucional. El centro del debate no debería concentrarse en la institución, sino en quienes nombraron personas no idóneas y moralmente inadecuadas por sus vínculos para el manejo de la seguridad y la inteligencia del Estado o a quienes cometieron abusos directa o indirectamente a través de órdenes impartidas. Existe sin duda una responsabilidad política y la defensa del gobierno consistente en desviar la atención manifestando que en otros gobiernos se hacía esto o aquello no debería ser aceptada: el debate se debe centrar en lo que ha hecho este Gobierno con la institución que, por órdenes de mandos superiores, ha violado los derechos de los opositores y ha atentado contra la democracia. Los que han cometido un delito son esos funcionarios y no la institución como tal.
Es importante, además del debate, que el Gobierno defina con claridad qué va a hacer y que presente el plan y el proyecto que anunció hace más de un año a raíz del destape de las ‘chuzadas’. Si la decisión es acabar la institución y crear una nueva es preciso hacerlo rápido, pues los actuales funcionarios están desmotivados por la demora; valdría en todo caso no desperdiciar el entrenamiento y la capacitación que ellos tienen.
En definitiva, hay dos debates: uno político a los funcionarios involucrados en los abusos y uno jurídico sobre la naturaleza del ente encargado de la seguridad del Estado.
