Cifras desaparecidas

Se ajustaron dos semanas de paro y manifestaciones en Cali, dos semanas que han sido críticas en cuanto a violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, dos semanas que dejaron homicidios, heridos, desapariciones, detenciones arbitrarias, y la administración del alcalde Jorge Iván Ospina no ha podido consolidar los datos. Las grandes desaparecidas de esta crisis que atraviesan los caleños son las cifras.

El pasado jueves 13 de mayo, durante la plenaria de la Cámara de Representantes que sesionó desde Cali, el alcalde Ospina por fin refirió una cifra de muertes y de heridos desde que iniciaron las protestas. Según mencionó el alcalde, desde el 28 de abril y hasta ese día, Cali registraba 45 muertes violentas y 451 heridos.

El dato fue impactante y algunos periodistas agradecimos que Ospina empezara a hablar y a responder con claridad. Sin embargo, el hombre después agregó que eran cifras generales de la ciudad y que, básicamente, no todas correspondían al contexto de la protesta. Es decir, estaba diciendo y aclarando nada.

Parte de sus palabras fueron: «No podemos nosotros recoger todas las muertes violentas ocurridas en Cali y vincularlas a la situación de la crisis y el estallido. Necesitamos que esto sea leído con responsabilidad, en su proporción adecuada. Ni maximizar ni minimizar». Y tiene razón. Pero parte de esa responsabilidad que él pide con el manejo de las cifras y que la ciudadanía y la prensa hace dos semanas le viene exigiendo, parte de ser claro con los datos.

Un alcalde no puede salir a decir que hay 45 muertes violentas en su ciudad, en medio de una crisis, pero que no todos corresponden a la crisis. ¿Dónde están las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada uno de esos homicidios? ¿Dónde queda la transparencia con los datos?

La Alcaldía de Cali ha sido evasiva con esos datos, pero la ciudadanía no es idiota. Por medio de derechos de petición (a la Personería, a la Policía, a la Alcaldía) y la confirmación en terreno, una convergencia de organizaciones de defensa de derechos humanos, que está pronta a sacar un informe, han logrado recabar información y las cifras obtenidas son otras.

Según los datos que estas organizaciones recolectaron, desde el 28 de abril y hasta el 8 de mayo, Cali presentó 43 homicidios “en contextos de las protestas”. Agregan, además, que en 27 de estos casos no hay información sobre presunto responsable, pero en 12 de estos señalan como presunto responsable al ESMAD y en otros cuatro a la Policía. También dicen que se presentaron 220 detenciones arbitrarias, las cuales registran con nombre y apellido; y hablan de decenas de desaparecidos, pero advierten que hay nombres que se repiten y que debe depurarse este listado contrastando con las detenciones, por eso no dan un número exacto.

En resumen, como viene pasando en Bogotá y en otras ciudades, la sociedad civil organizada es quien está haciendo el trabajo que deberían hacer los gobiernos locales y el Gobierno nacional. Colombia atraviesa una de sus peores crisis humanitarias y no ha contado con la Defensoría ni la Procuraduría como garantes de la ciudadanía. Las cifras están desaparecidas y esto solo aumenta la confusión y la rabia. “Al final, es todo un enredo de multiplicidad de violencias, problemas y temas que necesita de nosotros grandeza y humildad, perdonar y pedir perdón”, dijo también el alcalde Jorge Iván Ospina en su intervención ante los congresistas. Pero una cosa es perdonar, otra muy distinta la impunidad.