Cuando pregunten: ¿quién dio la orden?

Empecemos hablando de lo importante, de lo que bien podría ser el mayor escándalo internacional, al menos en Latinoamérica, al menos en época reciente, de crímenes cometidos por un Estado: 6.402 personas inocentes —y contando— fueron asesinadas, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por integrantes de la Fuerza Pública y luego fueron presentadas como bajas en combates contra la guerrilla, homicidios cometidos entre 2002 y 2008, años de gobierno del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

A finales de octubre de 2008, y cuando estos homicidios y la magnitud del crimen empezaron a conocerse, el periodista Félix de Bedout hizo pública la “directiva ministerial permanente” número 029 de 2005, que tenía carácter “secreto” y fue firmada el 17 de noviembre de 2005 por quien entonces era el ministro de Defensa Nacional, Camilo Ospina Bernal. El documento definía la política ministerial que desarrollaba, entre otras cosas, “criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”, y fue algo así como una suerte de cartilla que ponía precio a vidas humanas y definía el monto a pagar según la categoría de la persona eliminada.

Cuando se conoció la directiva y se elevó la polémica por el pago de estas recompensas a “persona indeterminada” (que podía ser cualquier civil), el mindefensa Ospina sostuvo en su momento que el fin de esa norma era reglamentar el pago de recompensas, evitar los equívocos de parte de la Fuerza Pública y darle transparencia a la política de incentivos. Pero se convirtió en una política que incentivó actividades criminales entre militares que debían proteger a los ciudadanos de su nación, no asesinarlos.

La directiva definió cinco “criterios de valoración”. El quinto criterio, que es en el que acomodaron a la mayoría de las personas inocentes ejecutadas por el Ejército y presentadas como “bajas”, rezaba que se ofrecían hasta diez salarios mínimos (3.815.000 pesos) por “cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables materiales de desarrollar y/o apoyar a nivel local acciones terroristas, secuestros, extorsiones, abigeato, actividades de inteligencia, emboscadas, hostigamientos, asalto a poblaciones, ataques a instalaciones militares”.

Casi todos los delitos que cita el entrecomillado son de lesa humanidad, agresiones contundentes a la población civil o actos de confrontación a la Fuerza Pública, pero el “abigeato” es el hurto de ganado. Cada vez que se cuestione las ejecuciones extrajudiciales y se pregunte “¿quién dio la orden?”, tengan presente que por directiva ministerial, el Gobierno de Álvaro Uribe puso precio y definió cuánto valían algunas vidas humanas, pero recuerden también que, además, puso precio a la vida del ilegal que se robara una vaca, un cerdo o un caballo. ¿Entienden la desproporción? Básicamente, se validó el asesinato de personas por robarse una vaca. Yo realmente no entiendo qué fue la “seguridad democrática”, de lo que sí estoy segura es que el gremio ganadero siempre le ha sido muy agradecido.