Morir por contar

Escribo fuera de Colombia. No estoy en mi país, y aunque estoy muy agradecida por la acogida, salí de él y no por gusto. ¿La razón? Presiones. ¿El motivo? Ejercer mi oficio; hacer periodismo. Sí, año 2021 y en Colombia todavía hablamos de reporteros que deben abandonar su país, en medio de una pandemia, porque están intimidados, amenazados y asustados.

Quisiera contar mi historia, dar detalles de mi salida, pero es una más. Incluso, tal vez, no es la peor de todas las que viven los periodistas colombianos. La de Andrés Felipe Guevara, periodista judicial del diario Q’hubo, en Cali, hace poco le costó la vida. Desde 2017, el hombre advirtió que lo querían matar por denunciar el operar de una banda criminal, en 2018 volvió a alertar, en 2020 repitió el grito de auxilio y en diciembre de ese año lo mataron. Hace un par de días, un menor de edad fue aprehendido como presunto autor de esta muerte. Y Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación, hinchó pecho y dijo: “Nos comprometimos con la ciudadanía de Cali que íbamos a buscar rápidamente al responsable del homicidio de Andrés Felipe Guevara [...] El día de hoy hemos aprehendido al presunto responsable”. Y después agregó: “Duramos 15 días para resolver este crimen”.

¿Quince días para “resolver este crimen”? ¿Resolvieron el crimen? El periodista llevaba tres años denunciando que lo iban a matar; el adolescente “aprehendido” tiene 16 años; es decir, tenía 13 cuando Andrés Felipe empezó a pedir auxilio. ¿De verdad el fiscal Barbosa cree que el responsable de silenciar al periodista es el adolescente gatillero? No, a Andrés Felipe Guevara lo asesinaron porque con sus denuncias estaba afectando intereses económicos. ¿De quién? No lo sabemos, porque no han resuelto nada. Eso es morir por contar lo que alguien no quiere que se cuente, huir del país por exponer lo que alguien no quiere que se exponga.

La prensa está siendo agredida, la Fiscalía no resuelve, el Estado no protege ni garantiza la libertad para ejercer el oficio y los medios no hacemos noticia de esto. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró que en 2017 hubo 368 periodistas que fueron víctimas de alguna agresión y en 2018 la cifra aumentó a 605. ¿Qué pasó en ese año de cambio de gobierno? ¿Cómo no fue un escándalo que la agresión a la prensa haya aumentado más del 64 % con el nuevo mandato presidencial? ¿Cómo no lo relacionamos con el nuevo mandato si la constante violenta se mantiene (2019 registró 634 víctimas y 2020 cerró con 632)?

Hoy salgo del país, pero mañana será otro; y hay quienes —como Andrés Felipe— morirán por contar. Pese a los datos, las alertas, los gritos pidiendo auxilio, cada vez que denunciemos que nuestra vida está en peligro seguiremos recibiendo de la Fiscalía —como Andrés Felipe— un folio que solicita protección policial, una hoja que nosotros mismos debemos llevar al CAI más cercano del lugar que habitamos, un formalismo, pues no es cierto lo que dice Barbosa, porque la Fiscalía nunca resuelve. Aún esperamos la verdad sobre periodistas asesinados hace décadas. Por eso ahora, que miro el país desde afuera, encuentro tanto sentido a la frase que ya me era un lugar común: prohibido olvidar, porque a funcionarios como Barbosa hay que recordarles, recordarles siempre, que las cifras están ahí.